El magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha dado un paso decisivo en la causa que investiga la presunta red organizada para obstaculizar procedimientos judiciales abiertos contra el PSOE y el Gobierno.
Ayer levantó parcialmente el secreto de sumario. Las partes ya pueden empezar a conocer lo que hay en el sumario. O casi todo.
Casi, porque Pedraz mantiene bajo secreto una pieza separada durante un mes más. El motivo: hay diligencias de investigación todavía en curso que no pueden verse comprometidas. Cuando concluyan, ese último velo también caerá.
El instructor explica en su auto que ya se han practicado la mayor parte de las diligencias que justificaron en su día el hermetismo de la causa.
Con ese trabajo hecho, no hay razón para seguir manteniendo a las partes personadas —acusados, acusaciones, defensas— al margen de unas actuaciones sobre las que tienen derecho a preparar su estrategia procesal.
La maquinaria administrativa también se ha puesto en marcha. La letrada de la Administración de Justicia ha pedido a las partes los datos necesarios para solicitar su acceso a la plataforma Cloud que actúa como repositorio documental de la causa.
El Ministerio de Justicia, que gestiona esa plataforma, deberá verificar y habilitar ese acceso a la mayor brevedad posible.
Quién es quién en esta causa
Pedraz asumió la instrucción en diciembre de 2025, tras la detención de tres personas: Leire Díez, exmilitante socialista; Vicente Fernández, expresidente de la SEPI —la Sociedad Española de Participaciones Industriales, el holding público que agrupa empresas estratégicas del Estado—; y Antxon Alonso, empresario vinculado al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil —el brazo investigador de élite del cuerpo— sospecha que los tres habrían cobrado 700.000 euros en comisiones a través de cinco operaciones que están siendo investigadas, implicando en esa operativa a empresas públicas dependientes de la SEPI.
Pero la causa tiene una segunda pata, igual de grave. Pedraz también investiga la presunta trama diseñada para desestabilizar de forma sistemática los procedimientos judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno.
Y en ese capítulo, el juez señala directamente a Santos Cerdán como figura de rango superior: habría encargado a Leire Díez la coordinación y ejecución de esas actuaciones, y habría formado parte del grupo conocido como Hirurok en un plano jerárquico por encima del resto de integrantes.
La defensa contraataca: nulidad y expurgo
Leire Díez no ha esperado a conocer el sumario para mover ficha. Ha pedido al magistrado la nulidad de todas las actuaciones derivadas del registro que la UCO llevó a cabo la semana pasada en la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid, así como la eliminación —el llamado expurgo— de toda la información que no corresponda al periodo 2021-2023, que es el único que, según su defensa, es objeto legítimo de investigación.
El argumento es técnico pero con calado constitucional. Díez recuerda que el propio Pedraz acordó en marzo la apertura de una pieza reservada de expurgo y requirió expresamente a la UCO que no utilizara el contenido de los dispositivos intervenidos hasta completar ese proceso de depuración.
La UCO, sostiene su defensa, no habría respetado ese mandato.
Más aún: el auto del juez recoge anotaciones de agendas de 2025 y referencias a reuniones de 2024, fechas que quedan fuera del periodo investigado.
Para la defensa, eso convierte la investigación en prospectiva, que es cuando se lleva a cabo sin objeto, a ver qué se encuentra, algo expresamente prohibido por la ley.
La causa, en definitiva, entra en una fase nueva. Más abierta, pero no menos compleja.
