La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidió hoy plegar velas y retirar, finalmente, de la orden del día el punto relativo al informe basado en la investigación sobre lo sucedido en el acceso, por parte de algunos medios de comunicación, a la sentencia completa del caso de «la manada» a través del Código Seguro de Verificación (CSV), en el que figuraba la identidad de la víctima.
Dicho informe, según publicó El Español, concluía que la responsable de la brecha de seguridad que dio acceso a la sentencia era la letrada de la Administración de Justicia de la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra, tribunal que juzgó el caso.
Fue presentado por la vocal Victoria Cinto, responsable de la tramitación con la colaboración del Comité de Protección de Datos del CGPJ, de las de las diligencias informativas incoadas el pasado 8 de mayo para determinar si se había producido una vulneración de la normativa en materia de protección de datos de carácter personal.
En el mismo se concluía que había habido un «funcionamiento irregular en materia de protección de datos» achacable a la letrada de Justiciapor lo que se debía poner en conocimiento del Ministerio de Justicia «a los efectos que en Derecho procedan».
REVUELO
El revuelo levantado por la información publicada por El Español y por Confilegal condujo a que los miembros de la Permanente decidieran «recabar más información sobre los aspectos contemplados en las diligencias informativas» antes de adoptar una decisión sobre el posible funcionamiento regular o irregular en materia de protección de datos.
Así, la Permanente ha acordado dirigirse al Gobierno de Navarra para conocer con qué medidas de seguridad cuenta la Sede Judicial Electrónica para acceder al contenido íntegro de las resoluciones judiciales y saber si se ha adoptado alguna adicional en vista de lo ocurrido.
De la misma manera, el CGPJ también requerirá al Gobierno navarro para que le informe de si ha podido acreditar qué documentos concretos se descargaron desde el servidor web entre los días 26 de abril y 8 de mayo, fecha en la que se tuvo conocimiento de la filtración de datos personales de la víctima en el proceso judicial seguido ante la Sección Segunda.
Además, el órgano de gobierno de los jueces pedirá al Gobierno de Navarra información sobre los contenidos concretos de la formación sobre el expediente judicial electrónico y, concretamente, sobre el Código Seguro de Verificación (CSV), que fue impartida a los miembros de la Carrera Judicial y letrados de la Administración de Justicia en esa Comunidad y solicitará la entrega de los materiales formativos.
También requerirá a la presidenta de la Audiencia Provincial de Navarra, Esther Erice, para que informe de cuándo y cómo tuvo conocimiento de que se había producido un acceso indebido a la referida sentencia y qué medidas se adoptaron.
La sentencia fue debidamente anonimizada y distribuida el 26 de abril, jueves. 48 horas más tarde se dio la voz de alarma de que se podía entrar en los sistemas informáticos de la Administración de Justicia de esa Comunidad Foral y acceder a la sentencia completa a través del CSV.
Ese mismo día, el 28 de abril, sábado, se tomaron las medidas oportunas para que no pudiera suceder.
El CGPJ, curiosamente, no se refiere ni señala a ningún medio de comunicación que accedió ilegalmente al servidor y tuvo acceso a la sentencia completa.
