Ante cualquier tipo de problema el ser humano tiene el mismo recurso: la búsqueda de un «cabeza de turco», alguien a quien echar todas las culpas y machacarlo, salvando al resto.
Es el caso de la letrada de la Administración de Justicia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra. Ella es ahora la nueva «cabeza de turco».
Porque fue la que facilitó la sentencia del «caso manada» al responsable de la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN).
Es lo que dice un informe elaborado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tras una investigación dirigida por la vocal Victoria Cinto.
Un informe sobre el que la Comisión Permanente va a tomar una decisión probablemente lesiva para la letrada judicial.
Y no es justo, porque no es culpable.
De acuerdo con dicho informe, la letrada judicial tenía que haber borrado el código seguro de verificación (CSV), introducido con el sistema de notificación electrónica que garantiza el integridad de los documentos judiciales que se notifican a las partes, y que figuraba en el lomo de la sentencia.
En ninguna otra parte del texto se encontró referencia alguna a la identidad de la víctima.
El trabajo de anonimización se hizo bien, en este sentido.
¿Y por qué no se suprimió el CSV?
Porque en este mundo en el que vivimos, tan rápido y tan cambiante, nadie explicó ni a la secretaria judicial ni al jefe de comunicación del TSJ de Navarra para qué servía el CSV y si se podía descubrir la identidad de la víctima por esa vía.
Así de simple.
A mí personalmente, la vieja y manida frase de «el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento», en este caso, no me sirve.
LOS CULPABLES SON LOS QUE HICIERON USO DEL CSV
Ni la secretaria judicial ni el jefe de comunicación del TSJN, que dicho desde aquí, hace un magnífico trabajo -doy fe personal y profesional de ello- son culpables. Ninguno de los dos.
Por lo que el CGPJ no debería ensañarse con ella. Porque, repito -y lo repetiré mil veces- no es justo.
¿Y quiénes son los culpables?
Los supuestos informadores que han hecho uso de esa información, contenida en el CSV, para descubrir la identidad de la víctima.
Son ellos los que se han saltado la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito en aras a un supuesto derecho a la información que lo que oculta de verdad es el objetivo de tener más audiencia, más publicidad, más ingresos y más beneficios.
No todo vale en el ejercicio del derecho a la información. No es de interés general, en absoluto, conocer quién es la víctima.
¿A quién beneficia?
A ellos. A la cuenta de resultados.
Por lógica, es a ellos a los sobre los que habría que dirigir cualquier investigación y a los que habría que imponer cualquier posible penalización, si fuera el caso.
Cualquier otra decisión que se tome, castigando a la letrada judicial, como parece colegirse, será un evidente caso de fariseismo y de hipocresía política.
¿Se puede permitir el CGPJ castigar a alguien que no es culpable, como es el caso?
Yo creo que no.
