«Corruptissima re publica plurimae leges»— Tácito, Anales, III, 27.
A las 7:45 de la mañana del martes 19 de mayo, en una vivienda de Las Rozas, José Luis Rodríguez Zapatero recibió la notificación judicial que le impidió coger el avión. Estaba listo para volar a Caracas. Le esperaban, según fuentes de su entorno citadas por The Objective, reuniones de transición política convocadas por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional venezolana y hermano de Delcy Rodríguez, presidenta interina del país desde la captura de Nicolás Maduro por las fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero.
En ese mismo momento, agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal y del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas registraban su despacho de Madrid y las sedes de tres mercantiles: Whathefav, Inteligencia Prospectiva y Softgestor.
El símbolo es de los que solo escribe la historia, no la literatura. El día en que la justicia española impide despegar al expresidente, Caracas seguía esperándolo como interlocutor.
Doce años de mediación caben en esa imagen: un vuelo cancelado a la fuerza, un avión que no salió, una capital extranjera que aún veía en él al hombre con quien hablar.
Y un auto judicial —firmado por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama— que describe a su titular como «núcleo decisor y estratégico» de una red de tráfico de influencias con intervención directa en operaciones internacionales de petróleo, oro, acciones y divisas, en España y en el extranjero, con contactos en Venezuela, China y Emiratos Árabes Unidos. La cifra que el juez atribuye a la trama: 1,95 millones de euros en comisiones.
La presunción de inocencia rige y debe regir. El 2 de junio Zapatero declarará como investigado por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad.
Lo que aquí interesa no es el resultado procesal —ese lo dirán los tribunales—, sino lo que el caso pone al descubierto sobre una década de política exterior española. Porque el verdadero asunto no es Plus Ultra. Plus Ultra es un episodio. El asunto es la arquitectura.
De mediador con aval de UNASUR a «núcleo decisor y estratégico»
Conviene recorrer la trayectoria con la sequedad del dato. En 2014, Zapatero asume un rol de mediador en la crisis venezolana con el aval de UNASUR, organismo creado en 2008 y hoy moribundo. En diciembre de 2015 actúa como observador de las legislativas que dieron una mayoría histórica a la oposición.
Entre 2016 y 2017, ya consolidado como interlocutor, se reúne con frecuencia con la cúpula chavista mientras la deriva autoritaria del régimen acelera: el Tribunal Supremo de Justicia se atribuye las competencias de la Asamblea, la Constituyente espuria de Maduro disuelve el Parlamento legítimo y la oposición denuncia ya, sin matices, una dictadura.
La proclamación de Juan Guaidó como presidente encargado en enero de 2019 deja a Zapatero del lado del régimen: no la suscribe, mantiene los canales con Miraflores. En 2020 viaja a Caracas como observador de unas legislativas convocadas en contexto de represión y boicot opositor.
En septiembre de 2024 facilita personalmente la salida de Edmundo González hacia España tras la elección presidencial que la mayor parte del mundo democrático considera fraudulenta.
Sigue defendiendo el diálogo como vía y la mano tendida como método mientras la oposición venezolana, salvo los llamados «alacranes» comprados por el régimen, lo considera ya un activo del chavismo.
Esa cronología, compacta y sin adjetivos, es la radiografía de una transformación: la del expresidente como mediador internacional reconocido en la del expresidente como interlocutor único de un régimen progresivamente aislado.
Lo que comenzó con paraguas multilateral —UNASUR— terminó sin ningún paraguas. Ni mandato europeo, ni mandato del Gobierno español formal, ni cobertura institucional pública.
Una mediación privada en una dictadura tipificada como «narcoterrorista» por el Departamento de Justicia estadounidense, sostenida durante una década bajo la cláusula tácita de la «discreción». Sin contrapeso parlamentario, sin auditoría diplomática, sin rendición de cuentas. Mediación sin mandato.
El expresidente alegará, con razón, que un exjefe de Gobierno conserva libertad para participar en iniciativas internacionales. Es cierto. Lo que no conserva es la inmunidad sobre el contenido económico de esas iniciativas.
Si el auto del juez Calama acierta —y eso lo decidirá la Audiencia Nacional, no esta columna—, lo que se construyó en paralelo a la mediación fue una estructura empresarial estable, jerarquizada y multinacional, con sociedades instrumentales en España y un nodo de redistribución de fondos extranjeros operando como «punto de entrada»—así lo describe la Oficina Nacional de Investigación del Fraude— de capitales venezolanos, chinos y emiratíes.
La diferencia entre mediar y gestionar deja de existir cuando, como afirma el auto, para acceder a la operativa de compraventa de petróleo en Venezuela era necesario solicitarlo a la red mediante la preceptiva Carta de Intenciones o Letter of Intent. Eso no es diálogo: es despacho. Esa es la frontera.
La zona gris como política de Estado: el Delcygate revisitado
Hay una fecha en la que la zona gris dejó de ser metáfora para convertirse en infracción jurídica documentada. La noche del 19 al 20 de enero de 2020, un avión privado de Sky Valet procedente de Caracas tocó pista en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
A bordo viajaba Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta del régimen de Maduro y figura sancionada por la Unión Europea desde el 25 de junio de 2018. Las sanciones le habían sido aplicadas por su responsabilidad en la represión y en la violación sistemática de derechos humanos en Venezuela, en aplicación de la Decisión (PESC) 2017/2074 del Consejo y del Reglamento (UE) 2017/2063, cuyo artículo 20 dispone con claridad que las medidas restrictivas se aplican «en el territorio de la Unión, incluido su espacio aéreo» y a bordo de toda aeronave bajo jurisdicción de un Estado miembro. La prohibición no era de pisar suelo: era de entrar y transitar. Espacio aéreo incluido.
Cuando la policía aeroportuaria introdujo en el sistema el nombre completo de la pasajera, saltó la alarma. Acudió personalmente al aeropuerto el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, número tres del PSOE y hoy él mismo investigado en la trama Koldo, junto a su entonces asesor Koldo García.
«Si Ábalos no hubiese intervenido, la policía de frontera la habría rechazado», admitieron días después fuentes del propio Ejecutivo. La versión oficial recorrió tres fases sucesivas en 48 horas: no se reunieron, se reunieron brevemente, fue gestión humanitaria de tránsito.
La vicepresidenta venezolana permaneció horas en Barajas. Años después, Koldo García reveló que de aquel avión bajaron doce maletas que luego volvieron a subir. El contenido nunca ha sido aclarado.
Es importante leer ese episodio con el código jurídico que merece. El llamado Delcygate no fue un incidente de protocolo: fue una vulneración del Derecho de la Unión —espacio aéreo, tránsito y entrada sancionados por reglamento directamente aplicable— gestionada por el Gobierno de España en flagrante contradicción con el régimen sancionador europeo.
La pregunta institucional, formulada con todo rigor por una eurodiputada al vicepresidente de la Comisión en febrero de 2020, recibió la respuesta más reveladora posible: la imposición de sanciones por incumplimiento de restricciones de viaje no era, dijo Bruselas, competencia de la Comisión. España no fue sancionada.
Pero la infracción quedó registrada. Y en ese registro vive, como en una placa fotográfica latente, el momento exacto en el que la política española hacia Venezuela cruzó el umbral: el Derecho dejó de ser marco y pasó a ser obstáculo.
Ese cruce del umbral no es atribuible a una sola persona ni a un solo partido. Es una decisión política sostenida en el tiempo y compartida por tres gobiernos sucesivos —dos socialistas y uno de coalición— que mantuvieron canales informales con un régimen que la propia UE había sancionado, que Estados Unidos había declarado narcoterrorista y al que la oposición venezolana acusaba de crímenes contra la humanidad ante la Corte Penal Internacional. España no fue el único Estado europeo en mantener pragmatismo con Caracas.
Pero sí fue el único que delegó tramos enteros de esa relación en un actor privado sin mandato y, según el auto del juez Calama, con intereses económicos personales en el país-objetivo. Eso, en Derecho internacional público, tiene un nombre: outsourcing diplomático. Y en ningún manual figura como una buena práctica.
El Pollo Carvajal y los tres archivos que han cambiado de dueño
Antes de su extradición a Estados Unidos en 2023, el general Hugo Carvajal Barrios —el Pollo, durante quince años jefe de la inteligencia militar chavista bajo Chávez y Maduro— remitió de su puño y letra un manuscrito a la Audiencia Nacional.
El destinatario era entonces el juez Manuel García-Castellón. El propósito era acreditar la capacidad informativa del compareciente para evitar la entrega al Distrito Sur de Nueva York. Entre las informaciones contenidas en aquel documento figuraba una afirmación que la jurisdicción española archivó sin investigar: que José Luis Rodríguez Zapatero era beneficiario de una concesión minera ubicada en el bloque especial de la cuenca del río Icabarú, en el sureste del Estado Bolívar venezolano —«un área muy reducida de 1,5 km2 donde predomina el oro y el diamante», según el texto literal del exespía—, y que esa concesión sería el reverso económico del respaldo internacional prestado a Maduro.
Carvajal lo formulaba como ejemplo del modo en que el régimen «privilegia, manipula y corrompe a políticos europeos que le dan reconocimiento internacional».
La España judicial archivó el dato. La España política lo enterró. La España de las tertulias lo convirtió en bulo o en arma arrojadiza, según el bando del comentarista.
Pero el dato, al margen de su veracidad —que correspondería establecer a una instrucción y no a un manuscrito—, tenía valor probatorio bastante para abrir diligencias. No se abrieron. Diez años después, el mismo Carvajal —preso en Nueva York tras declararse culpable, el 25 de junio de 2025, de cuatro delitos de narcotráfico y narcoterrorismo ante el juez Alvin K. Hellerstein— se prepara para la audiencia FATICO de febrero de 2026 —ese trámite probatorio que la jurisdicción federal estadounidense, desde el caso United States v. Fatico de 1978, celebra entre la declaración de culpabilidad y la sentencia para depurar los hechos controvertidos y, sobre todo, para medir la cooperación del reo con la fiscalía—, en la que podrá aportar cuanta documentación entienda útil para reducir su condena.
Según informaciones publicadas por The Objective en octubre de 2025, citando fuentes próximas al exespía, el inventario que Carvajal manejaría incluiría la red de pasaportes de Tareck el Aissami, los flujos financieros del Cartel de los Soles y una nómina de presuntos receptores europeos e iberoamericanos de fondos del régimen bolivariano —entre los que figurarían, siempre según esas fuentes, varios mandatarios latinoamericanos hoy en ejercicio o ya fallecidos, además del Movimiento Cinco Estrellas italiano y Podemos en España—. Que ese material esté hoy bajo control de la fiscalía federal estadounidense es lo único establecido con certeza; lo demás corresponderá probarlo a quien tenga jurisdicción para hacerlo, si decide hacerlo.
La pregunta relevante para el lector español no es qué dirá Carvajal. Es a quién se lo dirá. Y la respuesta es: a la Fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York, en una causa amparada por la RICO Act, con cobertura del Departamento de Justicia y de la DEA.
No a un juzgado español. No a una comisión europea. No a un tribunal multilateral. A la jurisdicción de la potencia que en este momento mantiene a España, y a la Unión Europea entera, en una posición de extraordinaria asimetría diplomática.
Y aquí conviene detenerse en lo que de verdad ha cambiado entre enero y mayo de 2026. Tres archivos sensibles sobre la relación de España con el chavismo han pasado, en apenas cinco meses, al control directo de la justicia y de la inteligencia norteamericanas.
Primer archivo: Hugo Carvajal, en cooperación activa con la Fiscalía federal desde 2024.
Segundo archivo: Nicolás Maduro, capturado en Caracas en la madrugada del 3 de enero por la Operación Southern Spear y trasladado a Nueva York para ser juzgado por narcotráfico y narcoterrorismo.
Tercer archivo: Delcy Rodríguez, presidenta interina desde el 5 de enero, que el día 4 ofreció a la administración Trump una «agenda de cooperación» inmediatamente después de que el presidente estadounidense le advirtiera, en frase reproducida por The Atlantic, que si no cooperaba «pagaría un precio probablemente más grande que Maduro».
Tres figuras que, juntas, conocen con detalle cada uno de los contactos, gestiones, favores y conversaciones mantenidos por políticos españoles con Caracas durante la última década.
Y los tres se encuentran hoy, voluntaria o involuntariamente, bajo jurisdicción norteamericana.
Esto no es kompromat ruso, esa figura recurrente con la que la guerra fría educó a varias generaciones de analistas. Es kompromat americano. Es un archivo soberano sobre socios europeos en manos de una potencia que ya ha declarado, en su Estrategia de Seguridad Nacional de noviembre, que la prioridad de su política hacia Europa pasa por debilitar la Unión y favorecer a las fuerzas euroescépticas del continente.
Cuando el corresponsal David Alandete refiere que en Washington se considera «nociva» la influencia de Zapatero sobre la política exterior española en América Latina, no está formulando un juicio ideológico: está describiendo una palanca operativa.
El territorio inexplorado: la factura diferida de una política exterior sin mandato
Quien quiera leer la imputación del 19 de mayo como un episodio doméstico hará la lectura cómoda. El relato del día siguió ese carril: Almeida llamando a Zapatero «primer expresidente imputado por corrupción», el PSOE invocando inquina judicial, Vox pidiendo prisión provisional, Sumar acusando a la derecha de actitud golpista. Ruido conocido, ruido previsible, ruido inevitable. Pero el ruido no es la noticia. La noticia es estructural y se mide en otra escala: España descubre, con doce años de retraso, que delegar tramos de política exterior en un actor privado sin mandato tenía un precio diferido. Reputacional. Judicial. Y, sobre todo, geopolítico.
Reputacional, porque la oposición venezolana —la que María Corina Machado representa con la legitimidad añadida del Nobel de la Paz 2025— ha pasado de la incomodidad a la denuncia abierta.
Juan Pablo Guanipa, exvicepresidente primero de la Asamblea legítima, lo formuló con sequedad: «Zapatero ha hecho un daño profundo a la lucha por la libertad y la democracia en Venezuela, algo que va en contra de los valores democráticos que defiende España.» Es la frase, en boca de un demócrata venezolano, que ningún Gobierno español de los próximos veinte años podrá esquivar.
Judicial, porque la causa de Plus Ultra está abierta, porque Carvajal tiene cuaderno y porque la Fiscalía Anticorrupción mantiene en paralelo una investigación sobre presunta financiación irregular procedente de Caracas a través de testaferros, sociedades pantalla y, según fuentes de la propia UDEF, cuentas bancarias rastreadas hasta Rusia.
Ninguna de esas líneas se ha cerrado. La presunción de inocencia exige no anticipar conclusiones, pero la lógica institucional permite anticipar consecuencias.
Y geopolítico, porque el momento es el peor que cabía imaginar. Europa necesita autonomía estratégica frente a una Casa Blanca que ha vuelto a la doctrina Monroe con una intensidad inédita desde Theodore Roosevelt, que ha capturado militarmente a un jefe de Estado iberoamericano, que ha bombardeado Irán sin autorización del Consejo de Seguridad y que tiene a Cuba en su lista de próximos objetivos declarados.
En ese contexto, una España debilitada por dosieres con etiqueta de Caracas en manos norteamericanas no es solo un problema español: es un problema europeo. Cada cancillería de Bruselas que necesite hacer pinza con Washington descubrirá que España viene con una mochila de archivos sensibles que no controla.
El territorio que aún queda por explorar no es, por tanto, el de las comisiones, las sociedades instrumentales y los testaferros. Ese terreno, aunque vasto, lo cubrirá la jurisdicción ordinaria. El verdadero territorio inexplorado es el del coste estratégico y reputacional de una década de outsourcing diplomático a Caracas: cuántas conversaciones se grabaron en Miraflores, cuántas comunicaciones quedaron registradas en servidores hoy bajo jurisdicción del Departamento de Justicia, cuántos compromisos asumidos como «discretos» son hoy material clasificado en manos de un gobierno extranjero que considera a la Unión Europea no un aliado, sino un competidor a debilitar. Ese mapa nadie lo ha levantado. Pero existe. Y se irá publicando, capítulo a capítulo, en función de la conveniencia ajena.
Tácito, jurista y senador del Imperio en su decadencia, dejó escrito en los Anales que «cuanto más corrupta es la república, más leyes tiene».
Lo que la frase no dice, pero el lector adulto comprende, es que cuando la corrupción se vuelve estructural ya no hay ley que la repare: solo factura. La factura del 19 de mayo es la primera.
No será la última. Y la mayor parte ni siquiera la cobrará un tribunal español: la cobrará un Departamento de Justicia en Manhattan, archivo a archivo, en el momento que convenga a quien hoy tiene los archivos.
El avión de Las Rozas no salió. Pero el daño llevaba años en vuelo.
