No ha sido detenido José Luis Rodríguez Zapatero.
Y precisamente por eso conviene medir muy bien cada palabra.
Porque cuando quien entra en el territorio de la sospecha es un expresidente del Gobierno, el lenguaje deja de ser un detalle.
Hoy, lo conocido públicamente es su citación judicial como investigado en el denominado “caso Plus Ultra”, con citación ante la Audiencia Nacional y diligencias dirigidas a esclarecer presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, falsedad documental y blanqueo de capitales.
Y aun así, aunque no exista detención, el impacto institucional resulta difícil de exagerar.
España ha conocido presidentes desgastados, expresidentes discutidos y antiguos altos cargos procesados y hasta condenados.
Pero la mera imagen de un expresidente del Gobierno entrando en la órbita penal de la Audiencia Nacional produce una sacudida política que trasciende cualquier simpatía ideológica.
Porque hay determinados cargos cuya relevancia institucional no desaparece cuando abandonan el despacho oficial. Permanecen adheridos a la estructura simbólica del Estado.
Por eso este asunto no pertenece ya únicamente a Zapatero. Pertenece también a la credibilidad del sistema.
Durante años, Rodríguez Zapatero cultivó una posición singular dentro de la política española. Mientras otros expresidentes optaban por la retirada discreta o la actividad internacional convencional, él eligió convertirse en una figura de intermediación política permanente.
Venezuela fue el gran eje de esa mutación.
De expresidente pasó a actor diplomático informal.
De antiguo jefe del Ejecutivo español a interlocutor habitual de un régimen sometido a un creciente cuestionamiento internacional.
Y precisamente ahí reside una de las claves políticas del problema actual.
El núcleo corrosivo de la democracia
Porque el verdadero problema para una democracia no es únicamente la eventual existencia de responsabilidades penales.
Es algo más profundo: la progresiva desaparición de las fronteras entre poder político, influencia internacional, intereses privados y redes opacas de intermediación.
Ese es el núcleo corrosivo de toda democracia contemporánea.
Las democracias no suelen deteriorarse de golpe. Se erosionan lentamente cuando ciertas figuras empiezan a moverse en una zona gris donde ya nadie sabe exactamente en calidad de qué actúan.
Expresidentes que parecen mediadores.
Mediadores que parecen comisionistas.
Asesores internacionales cuya agenda se confunde con estructuras de poder económico.
Todo ello envuelto siempre en una niebla deliberadamente ambigua.
La influencia se ha convertido en una de las formas más rentables del poder contemporáneo.
El problema es que las democracias toleran mal los poderes que ya no saben distinguir entre representación e intermediación.
Y quizá ahí radique la verdadera dimensión de este episodio.
Una frontera jurídica
No en la eventual responsabilidad penal de una persona concreta, sino en la normalización de un ecosistema donde el prestigio institucional acumulado durante años puede acabar funcionando como capital relacional susceptible de explotación privada.
La frontera entre influencia legítima y tráfico de influencias nunca es estética.
Siempre es jurídica.
Por eso resultará esencial que el procedimiento se desarrolle con absoluta normalidad institucional.
Sin juicios paralelos.
Sin absoluciones preventivas.
Sin condenas anticipadas.
Y también sin blindajes políticos disfrazados de victimismo.
Porque empieza a resultar preocupante una deriva cada vez más frecuente en la política española: considerar que toda investigación judicial que afecta al poder constituye automáticamente una conspiración.
No.
Una investigación judicial es exactamente eso: una investigación.
La presunción de inocencia no convierte a nadie en inmune al escrutinio público.
Y el respeto a los jueces tampoco puede depender del nombre del investigado.
De hecho, la verdadera prueba de madurez institucional de una democracia consiste precisamente en comprobar si es capaz de investigar con normalidad a quienes durante años parecieron políticamente intocables.
Ahí se mide la fortaleza real de un Estado.
No cuando se persigue al adversario débil.
Sino cuando soporta el vértigo de investigar al poderoso.
El verdadero problema para una democracia nunca es que un expresidente pueda ser investigado.
El verdadero problema empieza cuando determinados dirigentes llegan a convencerse de que jamás podrán serlo.
Porque ahí es donde el poder deja de someterse al Estado y empieza a situarse por encima de él.
