Solo hay 1500 inspectores en nuestro país para supervisar que las empresas se alejen del fraude laboral. Las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y con posterioridad de la titular de Trabajo, Magdalena Valerio revelan la necesidad de poner en marcha un plan de choque contra la explotación laboral y figuras como los falsos autónomos.
En este contexto la labor de la Inspección de Trabajo es fundamental. Por eso, el Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, sindicato mayoritario de este colectivo, insiste en la necesidad de aumentar los efectivos.
Al mismo tiempo es clave la planificación del trabajo para saber las actividades a realizar con los recursos disponibles que son escasos.
A nivel legislativo proponen algunas reformas como la determinación de un límite en el número de trabajadores contratados en virtud de contratos formativos atendiendo a la plantilla de la empresa, evitando que plantillas completas estén integradas por trabajadores en formación.
Otras cuestiones importantes son las limitaciones en la subcontratación, especialmente en las empresas multiservicios, con modificaciones en la prioridad del convenio de empresa (en materia salarial se ha de respetar el sectorial).
Y establecer controles eficaces de registro de jornada. Con ello se trataría de definir determinados tipos infractores (jornadas infra declaradas).
Un debate que aún sigue abierto en el Parlamento pese a los fallos del Tribunal Supremo en contra de dicho control y del que CONFILEGAL se ha hecho eco en varios reportajes.
Plan Estratégico 2018-2010
A este respecto, la Inspección de Trabajo dispone de un Plan Estratégico 2018-2020 pone el foco en la detección del fraude y en particular en las nuevas formas de trabajo derivadas de la economía colaborativa. Esta es una actividad habitual en la Inspección de Trabajo en estos años (ITSS)
Respecto al elevado número de contratos temporales en nuestro país se nos indica que el trabajo de los inspectores en este campo es muy intenso desde hace muchos años habiéndose añadido al de estos la ampliación de competencias de los subinspectores laborales de Empleo y Seguridad Social en la materia quienes sin incremento ni reconocimiento retributivo alguno, coadyuvan en esta materia.
Para los propios inspectores de trabajo , la economía digital y sus plataformas digitales son un reto para la normativa laboral actual.
Para este colectivo de inspectores se hace necesaria una regulación legal de estas nuevas formas de trabajo. La ITSS está actuando y emitiendo informes que están sirviendo a que los jueces de lo Social declaren la existencia de relación laboral.
Un ejemplo de ellos fue hace unos días cuando la Inspección de trabajo en Barcelona imponía a Deliveroo una multa de 1,3 millones en concepto de cuotas dejadas de abonar a la Seguridad Social correspondientes al periodo comprendido entre agosto de 2015 y diciembre de 2017 y obliga a la empresa dar de alta como trabajadores en el Régimen General de la Seguridad Social a cientos de sus repartidores.
Falso autónomo, otro elemento a controlar
Otro reto importante es la figura del falso autónomo en nuestro país, una lacra que ha crecido en los últimos meses.
Se habla de una cifra de 100.000 profesionales de forma irregular que hace perder a la Seguridad Social 500 millones anuales.
Desde este Sindicato de Inspectores se señala que medidas como “la tarifa plana del autónomo” se han convertido en un incentivo para la “reconversión” de trabajadores cuenta ajena en trabajadores cuenta propia, en la medida que ha supuesto un abaratamiento en los costes de mano de obra.
También advierten que la crisis ha marcado la necesidad de abaratar los costes de producción, siendo la externalización de la mano de obra la forma más fácil y sencilla que han tenido las empresas para mantener sus márgenes de beneficios.
A ello ha contribuido la reforma laboral, y la preeminencia de los convenios colectivos de empresa, sobre los convenios sectoriales o territoriales.
Para este sindicato es evidente que el “falso autónomo” dispone de una situación muy precaria, al no aplicarle la empresa las medidas contempladas en el Estatuto de los Trabajadores ni los derechos reconocidos en Convenio, así como tampoco las medidas de prevención, reconocidas legalmente. Una situación precaria importante.
Sanciones y trabajadores irregulares
Desde este colectivo sindical se explica que diversas situaciones como la falta de alta, perceptor de prestaciones sociales públicas de diverso tipo, extranjero sin autorización administrativa para trabajar o jornadas infra declaradas forman parte del elenco de infracciones en las que puede incurrir una empresa.
Siempre se estudia un estudio al detalle dla situación detectada para luego imponer la sanción que oscila entre 3.126 € a 10.001 € de sanción económica, junto con posibilidad de imponer sanciones accesorias. Junto a ello también se imponen sanciones a los trabajadores perceptores de prestaciones públicas incompatibles con el trabajo que no comunican asta circunstancia”
Sobre los datos, hay que señalar que en el año 2016, último año en el que hay estadísticas, el importe de las sanciones fue de 306.007.251, 71 euros, afectando a un total de 440.573 trabajadores. La memoria de la Inspección de trabajo deja claro algunos términos.
Durante 2016, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social inspeccionó 356.326 centros de trabajo pertenecientes a 283.908 empresas, dando lugar a 1.016.558 actuaciones, de las cuales 539.096 lo han sido en materia de Seguridad Social, 287.803 de Prevención de Riesgos Laborales, 132.692 de Relaciones Laborales, 33.422 de Empleo y Extranjería, y 23.545 de Otras actuaciones.
Ese año se detectaron 79.675 infracciones a la legislación del orden social (incluyendo 2.159 requerimientos a la Administración), con un importe de las sanciones propuestas de 306.007.257,71 euros.
El Plan contra el empleo irregular ha elevado la conversión de contratos temporales en indefinidos del 13,21 por cada 100 inspecciones a 33,12 en el 2016
El empleo irregular aflorado
La lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social viene siendo el caballo de batalla de la inspección de Trabajo. Así se aprobó el Plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros el 27 de abril de 2012, al que se han ido incorporando medidas y medios todos los años.
De esa forma durante el 2016 generó que el número de contratos temporales transformados en indefinidos por la ITSS ha pasado de 13,21 contratos por cada 100 inspecciones realizadas en 2012 a 33,12 contratos en 2016, lo que supone un incremento del 150,72% respecto de 2012 y del 52,63% respecto de 2015.
Otro dato a tener en cuenta es que en el ejercicio 2016, se transformaron gracias a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 82.272 contratos temporales a indefinidos.
En lo referido a la flexibilización del mercado de trabajo, con abuso del contrato parcial, la inspección de trabajo en sus actuaciones durante 2016 logró que el número de contratos a tiempo parcial transformados por incremento del tiempo de trabajo fuera de 9,05 contratos por cada 100 inspecciones duplicando casi los datos del 2015 de 4,85 por 100 inspecciones.
Esta situación generó un incremento del 80,78% en el número de actuaciones de control en materia de contratación a tiempo parcial, lo que ha derivado en un aumento del número de infracciones en la materia y del empleo aflorado. El montante de recaudación de cuotas de la seguridad social alcanzó en el ejercicio 2016, la cifra de 1. 061.608.860,01 euros.
Buzón de denuncias anónimas
Desde el año 2013 se ha puesto en marcha este buzón donde todas aquellas personas que crean que se está cometiendo irregularidades tales como empleo sumergido o irregular, fraude a la Seguridad Social o en materia de prevención de riesgos laborales pueden rellenar un formulario donde informar estos hechos de forma anónima.
Es muy importante recalcar que el denunciante no tendrá que aportar datos personales, sino simplemente datos de la empresa, centro de trabajo y la información suministrada por el particular sobre las presuntas irregularidades de las que tenga conocimiento
Desde su puesta en marcha hasta noviembre de 2017 se habían impuesto multas por valor de 12,7 millones de euros, han conseguido aflorar más de 4.000 empleos sumergidos, configurándose como un medio muy eficaz de lucha contra el fraude. Andalucia es la CCAA que más denuncias se han recibido.
