Los menores extranjeros no acompañados en España (MENAS) son más de 7.000 en lo que va de 2018, lo que supone un 12% más que hace casi tres meses, cuando el anterior Gobierno cifró en 6.248 los MENAS que constaban en el registro del Ministerio del Interior a fecha 30 de abril.
«Han pasado de casi 4.000 en 2016 a superar los 7.000», informó el pasado 26 de julio la ministra de Sanidad, Bienestar Social y Consumo, Carmen Montón, durante la reunión de la Comisión Delegada de Asuntos Migratorios, donde presentó un informe sobre esta realidad.
Anunció que convocará una reunión específica con los distintos territorios para abordarla. Es necesario desarrollar un esfuerzo coordinado entre las diferentes administraciones responsables para asegurar la atención más adecuada, sin saturar los servicios de las comunidades más afectadas, especialmente Andalucía, País Vasco y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla«, explicó.
Precisamente, el pasado lunes los principales sindicatos de la Policía Nacional (SUP, CEP, UFP y SPP) advirtieron al Ministerio del Interior de la existencia de «riesgo de desbordamiento» en los centros de internamiento de inmigrantes si persiste la tendencia creciente de llegada de pateras a nuestras costas.
Lanzaron un comunicado conjunto en el que también replicaron a unas recientes declaraciones del titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, negando «colapso» migratorio. Según dijo el ministro en una visita a Algeciras (Cádiz), se está produciendo una «situación absolutamente excepcional y extraordinaria» con la llegada de cientos de migrantes, pero la situación está «absolutamente controlada y es controlable».
Para los sindicatos, esta afirmación, «cuanto menos, resulta cuestionable». «Al margen de que así lo acrediten las cifras de ocupación, que superan con creces la capacidad máxima de acogida, una visita a esos centros le haría ver que no sólo hay colapso, sino que, además, el riesgo de desbordamiento, de continuar las actuales cifras de llegada de embarcaciones es inminente«, han advertido.
También han remitido una carta al director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, en la que reclaman mejores condiciones para los efectivos destinados en la zona de Campo de Gibraltar que son quienes hacen frente «al ingente» trabajo provocado por la llegada masiva de inmigrantes.
Le piden las mismas condiciones que los efectivos de la Guardia Civil, una mayor apuesta «por el refuerzo real de las plantillas que soportan esta carga laboral», la asignación de «suficientes recursos económicos», y medios materiales adecuados.
Además, Alternativa Sindical de Policía ha denunciado que la partida anunciada por el Gobierno de 3,5 millones de euros en varios contratos de emergencia para atender a los inmigrantes que lleguen a las costas salga de fondos de la Secretaría de Estado de Seguridad, que se sustraigan de la Dirección General de la Policía, mientras que a los policías «se le niegan sistemáticamente cuantías económicas para la mejora de la dotación profesional-personal».
Subraya que los fondos «deberían ser detraídos» de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales e Igualdad porque entre sus funciones está «desarrollar las políticas del Gobierno en materia de igualdad, prevención y eliminación de toda clase de discriminación».
Además, ha reivindicado que «la solidaridad ha de partir de todos» los niveles del Estado, no sólo el nacional, incluyendo así a las comunidades y los entes locales.
SÓLO EN JULIO HAN LLEGADO 440 MENAS A CATALUÑA
Al menos 440 jóvenes inmigrantes extranjeros no acompañados han llegado a Cataluña sólo en julio, lo que representa una cifra superior a la de todo 2015, informó el pasado martes el consejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat, Chakir El Homrani.
Ese día, el consejero catalán firmó una resolución de emergencia para aflorar 458 nuevas plazas para atender a estos adolescentes y jóvenes, y asegurar que la atención a estas personas está garantizada, y reclamó «información, transparencia y planificación» al Gobierno.
Informó que hasta agosto han llegado a Cataluña 1.450 menores no acompañados, una cifra similar a la total del año pasado, y que la previsión de la Consejería es que pueda superar las 3.000 llegadas previstas hasta final de año, que ahora podrían alcanzar las 4.000 llegadas.
Detalló que de las nuevas plazas creadas, con una dotación de más de 8 millones de euros, 240 son de primera acogida, 38 de pisos asistidos para chavales de entre 16 y 18 años, 68 para los mayores de 18 años, cuatro plazas de pisos asistidos para jóvenes con discapacidades o problemas de salud mental, y 68 de reinserción social.
En dos meses ha creado más de 840 plazas para menores extranjeros no acompañados a través de fondos que el consejero cree que debería aportar el Gobierno, y que está avanzando la Generalitat.
‘MÁS PLANIFICACIÓN, NO PODEMOS SEGUIR IMPROVISANDO’
Para Chakir El Homrani, la situación migratoria del Estado, que cuenta como principal foco de llegada la frontera Sur, no está manejando cifras extraordinarias, ni se encuentra en una situación de descontrol, sino que, a su juicio, el problema es que «no ha habido planificación de esta situación».
«No podemos seguir improvisando la respuesta a una situación que sí que es excepcional en cuanto a la cifra de llegadas en el territorio catalán, que se encuentra tensionado para dar una respuesta de protección a menores doblemente vulnerables, que prioriza a nivel jurídico, moral y ético», ha dicho la directora de Atención a la Infancia y la Adolescencia (Dgaia), Georgina Oliva.
«Estamos dando respuesta y seguiremos», ha dicho el conseller que ha defendido una acogida de calidad que permita hacer un buen trabajo de atención, empoderamiento, formación y dotación de competencias laborales a estos menores para que salgan del sistema tras haber recibido un sistema real de protección.
Actualmente, la Dgaia atiende a 1.833 menores extranjeros no acompañados, que representan un 22% del conjunto de la población atendida, y se prevé que hasta el 31 de diciembre más de 600 de estos jóvenes cumplan los 18 años.
El Sindicat de Mossos d’Esquadra (SME) también criticó el pasado miércoles la situación de «saturación» que vive la Oficina de Atención al Menor (OAM), como consecuencia de los recortes y del aumento de la llegada de menores extranjeros no acompañados.
Atribuye la situación a la «falta de personal» para asumir toda la carga de trabajo que se ha generado. El SME cuenta que las necesidades de la oficina «ha cambiado radicalmente, con un aumento desorbitado de menores que llegan sin referentes familiares» a Cataluña, «convirtiéndose en una emergencia social sobre la que las diferentes administraciones acostumbran a ser lentas a la hora de dar soluciones».
Insta al director general de la Policía a tomar las medidas adecuadas para reconducir la situación con la Fiscalía de Menores, la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (Dgaia) y resolver los problemas de inseguridad en la Fiscalía de Menores.
Además, desde el sindicato alertan de que algunos menores son portadores de enfermedades como la sarna y la hepatitis, y piden establecer por escrito los procedimientos específicos y guía para las gestiones de la oficina.
LA INMIGRACIÓN IRRUMPE COMO EL QUINTO PROBLEMA
El debate sobre la inmigración volvió a primera plana el pasado 11 de junio, a raíz de la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de acoger en el puerto de Valencia al barco ‘Aquarius’, con más de 600 inmigrantes indocumentados a bordo, y que Italia se había negado a recibir.
La inmigración ha irrumpido como quinto problema nacional en el ranking de preocupaciones, según el último barómetro del CIS, publicado el pasado jueves.
El fenómeno migratorio aparece citado como un problema en un 11,1% de los cuestionarios, recuperando así las cifras que marcaba en 2011 y más que triplicando el dato de junio, con un 3,5% de menciones.
EL GOBIERNO CREARÁ UN MANDO ÚNICO PARA COORDINARLA
El Gobierno anunció ayer la creación de un mando único operativo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para centralizar y coordinar las actuaciones relativas a inmigración irregular en el estrecho de Gibraltar, mar de Alborán y aguas adyacentes. Fue aprobado por el Consejo de Ministros.
Un general de la Guardia Civil dirigirá ese Centro de Coordinación.
Centralizará la recepción de información sobre inmigración irregular en los países de origen y coordinará las operaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de las fronteras marítimas (Mar Territorial) de carácter permanente (SIVE), las actividades de la Armada y de Vigilancia Aduanera en las labores de control de embarcaciones de inmigrantes irregulares.
También coordinará las actuaciones de los medios de Salvamento Marítimo (SASEMAR) y del Servicio Aéreo de Rescate (SAR) involucrados en la localización, ayuda y asistencia de las embarcaciones de inmigrantes y, en su caso, el rescate de sus ocupantes.
Entre sus competencias estará la de solicitar en caso necesario el refuerzo de medios y proponer nuevas operaciones o procedimientos conforme lo exijan los cambios en los flujos migratorios.
En el Centro de Coordinación se integrarán representantes de las Fuerzas Armadas, FRONTEX, Centro Nacional de Inteligencia, Guardia Civil, Policía Nacional, Departamento Adjunto de Vigilancia Aduanera, Capitanías Marítimas, SASEMAR y Cruz Roja.
La actuación del mando único se basará en la legislación nacional e internacional vigente y en los convenios suscritos en materia de seguridad marítima y salvamento en el mar. Una de sus prioridades será proteger la vida de los inmigrantes náufragos y respetar su dignidad y los derechos humanos, con especial atención a los colectivos más vulnerables, como es el caso de los menores no acompañados.
RED DE TRÁFICO DE MIGRANTES
La Policía Nacional acaba de desarticular una organización delictiva dedicada al tráfico de migrantes llegados en pateras por el Sur del país para su posterior traslado a Francia, en una operación conjunta con la Europol en la que han detenido a seis de sus integrantes en Guipúzcoa y otro en Madrid.
Según ha informado hoy la Policía en un comunicado, los investigados captaban a personas de los estratos sociales y económicos más bajos de países como Guinea, Costa de Marfil, Mali o Senegal. Una vez reclutadas, y tras el correspondiente pago a la organización, se encargaban de su traslado por diferentes rutas del continente africano hasta su llegada a España.
Les facilitaban la documentación necesaria, habitualmente falsa, aunque en ocasiones también usurpaban la identidad de otros extranjeros mediante el uso fraudulento de su documentación.
Tras su llegada a España en patera, las víctimas eran acogidas en centros asistenciales y eran contactadas por miembros de la organización, quienes les facilitaban el traslado hasta Vizcaya y Guipúzcoa
Una vez llegaban a San Sebastián, los extranjeros eran recibidos por otros miembros de la banda para guiarles en el proceso de salida del país, aunque, dependiendo del medio de transporte a utilizar, las víctimas podían pasar días hacinados en un piso hasta que pudieran salir hacia Francia.
Además de trenes y autobuses, los miembros de la organización utilizaban un taxi, gestionado por un ciudadano de origen español, con capacidad para transportar hasta a cinco migrantes y que cobraba por ello hasta 150 euros por pasajero.
‘NO RESPONDE A LO QUE NECESITA HOY LA LUCHA CONTRA LA INMIGRACIÓN ILEGAL Y LAS MAFIAS’
Para el secretario general del PP, Teodoro García, la creación de un mando único para el control de la inmigración es una «improvisación digna de un Gobierno débil» y «no responde a lo que necesita hoy la lucha contra la inmigración ilegal y las mafias».
Pide a Sánchez que vaya a «Europa a plantear un plan contra la trata de seres humanos y mafias que empujan a seres humanos al Mediterráneo».
«La gente en Europa debe ser consciente de que la frontera Sur de España es la frontera Sur de Europa y que hay que trabajar en origen para evitar que las mafias traten con vidas humanas y hacen lo que hacen con esas personas que son víctimas. Los inmigrantes son las víctimas, los culpables son las mafias y el Gobierno de Sánchez es el responsable de solucionar la situación», expresa.
Esto es lo que opina sobre esta situación VOX, que el próximo 8 de agosto celebrará un acto en Algeciras para «reclamar unas fronteras más seguras y defender que España no sea invadida por los inmigrantes ilegales»:
La multiculturalidad que el sistema «Fronteras Abiertas» de la UE está ofreciendo a sus ciudadanos: violencia y hampa desatada, violaciones sexuales, cierre de calles para orar al islam, misóginos agrediendo a mujeres, manteros golpeando a turistas… ¡Frenemos esta invasión! pic.twitter.com/x3e68whq4l
— VOX Noticias ?? (@voxnoticias_es) 3 de agosto de 2018
Ya vemos y conocemos las consecuencias de la reunión que @sanchezcastejon tuvo con @georgesoros en Moncloa. Nos gustaría saber las causas, y los acuerdos a los que llegaron. Los intuímos. Y los acabaremos sabiendo, si es necesario por vía judicial. #StopInvasion
Fin. pic.twitter.com/aD3QlHeaLf
— Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) 29 de julio de 2018
