Las víctimas de violencia de género no tendrán la obligación de declarar contra sus agresores para recibir protección social y jurídica, como necesitaban hasta ahora, y dispondrán de otras posibilidades, además de la sentencia firme, para acreditar su condición de maltratada.
El Consejo de Ministros aprobó ayer un Real Decreto-Ley de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género que modifica la Ley de Bases del Régimen Local, la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y también el Código Civil.
Incluye una reforma de la ley integral para que la víctima pueda personarse como acusación particular en cualquier fase del procedimiento.
Es una de las medidas contempladas en el Pacto, que entró en vigor el pasado diciembre, y que establecía que el abogado de la víctima de violencia de género ostentará su representación procesal hasta que se proceda a la designación de procurador o procuradora, pudiendo personarse como acusación particular en cualquier momento desde la apertura del procedimiento.
Con la aprobación del Real Decreto, se añadirá un nuevo apartado al artículo 20 de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que versa sobre la asistencia jurídica de las víctimas.
Desde el Gobierno, recalcan que este cambio «fortalece» la tutela judicial para «mejorar» la participación de la víctima en el proceso penal con la designación urgente de abogados y procuradores de oficio en los procedimientos que aseguren la inmediata presencia para la defensa y representación de las víctimas.
REFORMA DE LA LEY INTEGRAL
Además de este artículo, el real decreto incluye la reforma de otros dos. Concretamente, la modificación del artículo 23 sobre la acreditación de las situaciones de violencia de género ejercida sobre las trabajadoras; y el 27 sobre las ayudas sociales.
Respecto al cambio de la norma para ampliar los mecanismos de acreditación de las situaciones de violencia de género, el reconocimiento de los derechos de las víctimas se podrá acreditar por el informe del Ministerio Fiscal, de los servicios sociales, de los servicios especializados o de los servicios de acogida destinados a víctimas de violencia de género -hasta el momento, solo servía el informe del Ministerio Fiscal-.
Según ha señalado Vicepresidencia en un comunicado, el Gobierno y las comunidades autónomas diseñarán de común acuerdo, los procedimientos básicos que permitan poner en marcha dicha acreditación.
El Ejecutivo ha destacado que con la ampliación de la acreditación de estas situaciones «más allá de la sentencia o resolución judicial» se da cumplimiento al Convenio de Estambul en lo que se refiere a prevención y diligencia debida ante casos de violencia de género.
En relación con las ayudas reguladas en el artículo 27 de la Ley integral, el cambio normativo posibilita que dichas ayudas sean compatibles con otras de carácter autonómico o local.
REFORMA DEL CÓDIGO CIVIL
Por otro lado, el Real Decreto-Ley incluye una modificación en el artículo 156 del Código Civil para que la atención y asistencia psicológica quede fuera del catálogo de actos que requieren una decisión común en el ejercicio de la patria potestad, cuando cualquiera de los progenitores esté incurso en un proceso penal por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro progenitor o de los hijos e hijas de ambos.
De este modo, tras la modificación del Código Civil, los hijos e hijas menores de mujeres víctimas de violencia machista no necesitarán contar con la autorización del padre maltratador para recibir atención psicológica, algo que sí era necesario hasta el momento.
El Gobierno ha dado luz verde a los primeros cambios normativo para dar cumplimiento al Pacto de Estado incluye más de 200 medidas.
En la rueda de prensa posterior a la Conferencia Sectorial de Igualdad, la ministra y vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, aseguró que la intención del Gobierno es que todas las modificaciones legales relacionadas con la lucha contra la Violencia de Género estén aprobadas antes de final de año.
Ayer también se aprobó la devolución a los ayuntamientos las competencias en materia de violencia machista. A partir de ayer, la promoción de la igualdad y la lucha contra la violencia de género entrarán a formar parte del catálogo de competencias propias gracias a la modificación de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.
