La Comunidad de Madrid ha solicitado al Gobierno central una revisión urgente y en profundidad del Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género (VioGén), dependiente del Ministerio del Interior, después de advertir de posibles deficiencias en la valoración del riesgo de las víctimas.
La petición fue abordada durante la reunión del Observatorio Regional de la Violencia de Género, presidida por el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, y en la que también participó la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila.
El Ejecutivo autonómico fundamenta su reclamación en un dato especialmente relevante desde el punto de vista de la protección de las víctimas: cuatro de las ocho mujeres asesinadas en el último año en la región estaban clasificadas en VioGén con un nivel de riesgo bajo.
Según García Martín, de los 12.851 casos activos, únicamente 132 —el 1%— están considerados de riesgo alto o extremo. En estos dos niveles, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado aplican medidas de vigilancia frecuente y aleatoria en los casos de riesgo alto y permanente cuando el riesgo es extremo.
Más de 40 posibles fallos en las pulseras
La Comunidad de Madrid sostiene que es necesario analizar tanto los cuestionarios empleados para valorar el riesgo como los algoritmos utilizados por el sistema.
Dávila ha señalado que los cuestionarios «aún no se han actualizado» y ha reclamado una revisión en profundidad de los mecanismos sobre los que se construye la valoración de cada caso.
A ello se suma, según la consejera, un problema de medios personales. La nota remitida por el Gobierno regional señala que en España existe una media de un agente por cada 100 expedientes relacionados con la atención y protección de las víctimas.
La petición autonómica se plantea, por tanto, en dos direcciones: revisar los instrumentos de valoración del riesgo y aumentar el número de policías destinados a la protección de las mujeres incluidas en el sistema.
El Observatorio Regional también ha puesto el foco en las conocidas como pulseras antimaltrato.
Según los datos recogidos en el documento, durante el año pasado se identificaron en la Comunidad de Madrid 40 posibles casos de fallos relacionados con estos dispositivos.
Desde entonces, el Observatorio ha remitido cinco peticiones dirigidas a distintos departamentos del Gobierno central. Las comunicaciones reclamaban la sustitución de estos aparatos, advertían del colapso de los órganos judiciales especializados en violencia contra la mujer y solicitaban revisar los protocolos de valoración del riesgo.
Dos peticiones fueron dirigidas al Ministerio del Interior, otras dos al Ministerio de Igualdad y una al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Cuatro de las cinco permanecen todavía sin respuesta, según señala la Comunidad.
80 procedimientos judiciales con personación de la Comunidad
El documento introduce además un elemento estrictamente judicial. La Abogacía General de la Comunidad de Madrid se ha personado hasta ahora en 80 procedimientos relacionados con mujeres madrileñas asesinadas por sus parejas o exparejas.
La Comunidad señala, al mismo tiempo, que el Gobierno central ha presentado recientemente un recurso de inconstitucionalidad con el objetivo de impedir que el Ejecutivo autonómico pueda ejercer la acción popular prevista en el artículo 125 de la Constitución Española.
La revisión del funcionamiento de VioGén, de sus protocolos de valoración y de los mecanismos de protección se convierte así en el principal requerimiento planteado por el Observatorio madrileño al Gobierno central, en un contexto en el que la Comunidad reclama estudiar de manera individualizada los casos y reforzar los recursos destinados a la protección de las víctimas.
