En más de 6 millones de dólares se cifrarían las ganancias de dos abogados de EE.UU que tras su firma, denominada ‘Prenda Law’, se dedicaban a subir películas para adultos a sitios de descargas de Internet para -después obtener la dirección IP de los usuarios que habían accedido a esos ficheros- poder extorsionarles con la amenaza de una demanda ante los tribunales bajo la alegación que ese material estaba protegido por derechos de autor.
No en vano, en la descripción «oficial» de los servicios legales que prestaba este bufete, se presentaban como especializados en propiedad intelectual y derechos de autor.
Además, en su plan de extorsión masiva les ayudó mucho que las víctimas temían la humillación pública por haber compartido ese material pornográfico.
Culpables
Los hechos se remontan a 2010. Tras una investigación, que se inicia en 2013, los abogados del Medio Oeste de los EE.UU Paul Hansmeier y John Steele han sido declarados culpables recientemente por los tribunales norteamericanos de delitos relacionados con el fraude electrónico y el blanqueo de capitales.
Y es que, en su entramado, Prenda Law creó empresas ficticias para recaudar las tarifas de «liquidación» y ocultar su participación.
En el caso de Hansmeier, la pasada semana él mismo reconoció ser culpable de los cargos federales por fraude que se le imputaban.
Como parte del acuerdo con la Fiscalía por su declaración, se enfrenta a una pena de prisión de entre 11 y 14 años.
Los delitos hubieran llevados aparejados un total de 20 años si no hubiera mediado colaboración alguna.
También se le permitirá recurrir la decisión anterior de un tribunal que negó su moción para desestimar los cargos.
Si se estimara el recurso, el gobierno no presentará contra él los 15 cargos restantes por los que Hansmeier no se ha declarado culpable.
Desde 2016 se encuentra suspendido del ejercicio profesional como refleja el detalle del censo de Minnesota.
Por su parte, Steele se declaró culpable en marzo de 2017 de siete cargos y también acordó que se prestaría a ayudar a los fiscales que investigan el caso.
La estafa de los derechos de autor
Hansmeier y Steele comenzaron la trama ofreciéndose para asesorar a los creadores de películas porno contra la piratería e interponiendo demandas por violación de derechos de autor contra las direcciones IP que habían observado descargaban ese material.
La pareja llegó incluso a pedir a los jueces que investigaran con agilidad los nombres y domicilios de quienes estaban detrás de esas direcciones para enviarles cartas de demanda en las que se ofrecía a los demandados un acuerdo extrajudicial a cambio de 3.000 dólares.
Ya en aquel momento no tenían ninguna intención de seguir adelante con las demandas porque en la investigación se hubiera puesto de manifiesto que, en lugar de custodiar con diligencia el material protegido por derechos de autor que ellos mismos adquirían, lo estaban subiendo a sitios web tipo BitTorrent o Pirate Bay donde sabían que iba a ser descargado ilegalmente.
Prenda Law rastreó esas direcciones y comenzó el chantaje masivo con la misma amenaza de las demandas.
En un siguiente escalón, se convirtieron ellos mismos en productores de contenidos porno que después subían a la red y por los cuales demandaban como afectados.
En estos casos no tenían que compartir el producto de las reclamaciones con nadie.
Los derechos de autor de las películas se gestionaban a través de diferentes empresas ficticias como AF Holdings LLC, Guava LLC e Ingenuity 13 LLC.
Precisamente con Guava reclamaron que sus sistemas informáticos habían sido hackeados en un esfuerzo por encontrar más nombres detrás de IPs y extender la estafa.
Tras el caso de Prenda, las campañas de infracciones de derechos de autor porno se han extendido en EE.UU.
Por ejemplo, Strike 3 Holdings, una sociedad que posee derechos de autor de reconocidos títulos de películas para adultos ha presentado en el último año y medio más de 1.500 demandas por violación de derechos de autor.
