El presidente de Cs, Albert Rivera, ha anunciado que la formación naranja registrará el próximo jueves un escrito pidiendo al Defensor del Pueblo amparo «ante la indefensión por las arbitrariedades de Quim Torra«.
En la rueda de prensa celebrada con posterioridad al Comité Permanente, Rivera ha recordado que «no queremos un Parlament, una policía o una televisión de Torra, sino de todos los catalanes» y se ha referido al presidente del Gobierno acusándole de «no estar haciendo su trabajo para defender a los españoles desamparados ante el Govern».
«Sánchez se equivoca de aliados», ha añadido, y le ha pedido nuevamente que el Estado envíe el requerimiento del 155 y que «piense en los españoles en lugar de en los días que le quedan en el sillón de la Moncloa».
Delitos de odio y discriminación
«El procés ha provocado el incremento de los delitos de odio», ha señalado el líder de Cs quien también ha anunciado que su partido ha presentado ya «un escrito ante la fiscalía por delitos de odio contra el agresor de la mujer que retiraba lazos amarillos con su familia en Ciutat Vella».
En el texto de la denuncia al que ha tenido acceso Confilegal, ponen de manifiesto que en lo denunciado por la víctima existen indicios «claros, razonables y objetivos de componentes de intransigencia y discriminación ideológica y por razón de la nacionalidad u origen de la víctima».
Para Cs esto supondría “no ya una grave vulneración de la integridad física y moral de la víctima sino una mayor violación de la libertad de pensamiento e ideas, el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la convivencia pacífica y democrática, el derecho a la igualdad y su correlativa prohibición de no discriminar por razón de ideología u origen o la garantía del pluralismo político».
Bienes jurídicos, que califica de «intrínsecos y esenciales cuya protección y garantía caracterizan al Estado democrático y de Derecho».
Neutralidad de los espacios públicos
Es “público y notorio”, añade la denuncia, que Cs viene defendiendo «una política de proactiva y pública denuncia y exigencia del cumplimiento de la legalidad, de la neutralidad de los poderes públicos y de los pronunciamientos de la Justicia mediante la retirada de los espacios públicos de Cataluña de los símbolos partidistas o propagandísticos vinculados a determinadas opciones políticas separatistas no compartidas por el conjunto de la ciudadanía».
En los hechos del pasado sábado, concluye el texto, hay indicios más que razonables de «intransigencia, racismo, xenofobia y discriminación con razón del origen y la nacionalidad de la víctima y de la ideología y las actividades totalmente lícitas y legítimas basadas en dicha ideología como puede ser retirar del espacio público lazos amarillos».
Componentes que, «además de los daños a la integridad física y moral de la denunciante, habrían llegado a impedir o imposibilitar el libre y pacífico ejercicio de sus libertades fundamentales».
