El presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado a los líderes de las siete asociaciones de jueces y fiscales que no pondrá ningun piedra en la maquinaria legislativa para derogar la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) de 2013, que transformó la naturaleza colegiada del Consejo General del Poder Judicial o otra presidencialista -la actual- y que impulsa el Gobierno del PSOE.
«El PP no va a poner ningún problema ni para esa reforma, ni para la que tiene que devolver los permisos y licencias a jueces y magistrados, y apoyará la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuicimiento Criminal», informaron fuentes asociativas.
Así se lo hizo saber Casado a Manuel Almenar, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, Raimundo Prado, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Ignacio González Vega, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, Concepción Rodríguez, presidenta de la Comisión Gestora de Foro Judicial Independiente, Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales, Emilio Manuel Fernández, portavoz de la Unión Progresista de Fiscales y Miguel Pallarés, de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales durante la reunión que mantuvieron hoy en el Congreso de los Diputados.
Durante el encuentro, Casado expresó su apoyo al magistrado del Tribunal Supremo, e instructor de la causa del «procés», Pablo Llarena, y a la defensa de su persona y de la soberanía jurisdiccional española ante la demanda presentada por los 5 fugados en Bélgica, y a los jueces y fiscales que ejercen en Cataluña.
Casado estuvo acompañado por el secretario general del PP, Teodoro García Egea, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Dolors Montserrat, la portavoz del PP en la Comisión de Justicia, María Jesús Moro, y el exministro de Justicia y nuevo presidente de la Comisión de Interior, Rafael Catalá.
Los representantes asociativos subrayaron la necesidad de que se reiteren nuevas convocatorias de 100 nuevas plazas, como las de ahora, para ampliar las respectivas plantillas de jueces y magistrados. El representante de la UPF, de forma específica, preguntó sobre las 69 nuevas plazas previstas, que se habían dado por hechas, pero para las que, al final, no había dinero.
«La reunión fue una primera toma de contacto con el nuevo presidente del PP, quien nos ha propuesto reuniones periodicas, cada 2 o 3 meses, para abordar las cuestiones pendientes, cosa que ha quedado por definirse en un futuro», explicaron las mismas fuentes.
