La magistrada de la AN María Tardón ha citado a declarar a Boye el próximo miércoles como investigado. Foto: Nacional.cat.
Boyé, el abogado de los separatistas, pide amparo al ICAM por las amenazas vertidas contra él
Afirma que la finalidad de los ataques busca desestabilizarle y perjudicar los intereses de sus clientes
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04/9/2018 00:30
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Actualizado: 04/9/2018 00:00
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Gonzalo Boyé Tuset, el abogado de los exconsejeros fugados, Meritxell Serret Aleu y Antonio Comín Oliveres, ha solicitado al Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) que le ampare frente a los ataques recibidos contra su persona -principalmente a través de Twitter- que, según él, buscan «desestabilizar la defensa y perjudicar los intereses» de sus clientes.
Boyé apela al artículo 53 p del Estatuto General de la Abogacía por «las amenazas contra mi persona, injurias y calumnias recibidas en los últimos días a propósito de mis concretas funciones de defensa en relación al denominado procedimiento ‘contra el Procés'», según dice su escrito presentado ante el ICAM.
En ese apartado p, dicho artículo dice que la función del Colegio es «Defender a los colegiados en el desempeño de las funciones de la profesión o con ocasión de las mismas, cuando lo estime procedente y justo».
El abogado, que, según el escrito, dice estar colegiado en el ICAM y en el Colegio de Abogados de Navarra, explica que todo comenzó por las «polémicas palabras» del instructor de la causa en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, el día 22 de febrero.
Según Boyé, sus clientes, y otras tres personas –Carles Puigdemont, Llui Puig y Clara Ponsati– decidieron acudir a la justicia belga por entender «esa la difusión de sus dichos como magistrado instructor les había producido un daño moral. Este daño moral consistía en negar que la causa penal contra el Procés se trate de una persecución política, lo que la mayoría de las defensas proponen como puntal de su tesis».
SIGUE AFIRMANDO QUE LA DEMANDA CONTIENE «UN ERROR»
El abogado, en su escrito de petición de amparo, sigue afirmando que la demanda contra Llarena contiene «un error».
«Si bien el error no afecta a la esencia de la demanda -como bien puede apreciarse en dicho escrito-, se han publicado noticias falsas al respecto, alguna de las cuales ya han sido oportunamente rectificadas-y se me ha imputado a mí y a mis compafieros belgas un presunto delito de falsificación, incluso un delito de estafa procesal», dice Boyé.
Las declaraciones realizadas por Llarena el 22 de enero pasado en Oviedo fueron estas: “No es el caso que estamos llevando ahora en el Tribunal Supremo, se trata de comportamientos que aparecen recogidos en nuestro Código Penal y que, con independencia de cual haya podido ser la motivación que les haya llevado a las personas a cometerlos, si es que esto ha sido así, pues tienen que ser investigados”.
La traducción al francés modificó la frase en negrita, “si es que ha sido así”, expresada en condicional, por la de “como en efecto sucedió”, lo que cambió por completo el sentido de las manifestaciones del magistrado.
INFORMARÁ AL JUEZ BELGA HOY DEL «ERROR»
«Ni qué decir tiene que advertidos del mencionado error, se pondrá oportunamente en conocimiento de la autoridad judicial belga así como de la parte demandada el día 4 de septiembre de 2018, que es cuando está prevista la vista preliminar para la fijación de los términos de la acción civil emprendida y otros extremos, con la tranquilidad de que esto no perjudicará ni alterará en modo alguno la pretensión de la demanda», avanza el abogado.
De acuerdo con la versión de Boyé, «las informaciones públicas fueron rectificadas al aportar la documentación que incluye el texto íntegro de la demanda en francés y su traducción jurada, realizada por una traductora jurada y un informe de la empresa sobre el proceso de traducción, he recibido no pocas amenazas, injurias y calumnias que, qué duda cabe, atacan a mi independencia, honorabilidad y dignidad como profesional en ejercicio«.
Durante los últimos días, a consecuencia de ello, los ataques contra su persona «se han intensificado, producto de una campaña en la que no sólo se han manipulado y falseado los hechos sino que se ha llegado a imputarme delitos si no conductas contrarias a la ética deontológica».
LOS «ATAQUES»
Boyé aporta, en su escrito -al que ha tenido acceso Confilegal- algunos de los «ataques» realizados, entre otros, por los periodistas Cristina Seguí, Alfonso Rojo, el exdiputado de CiU, Ignasi Guardans, y el eurodiputado, Enrique Calvet.
«Cristina Seguí: ‘¿Cuántos penalistas, fiscales, y/o políticos han explicado a los jueces belgas que el abogado que representa a la organización criminal capitaneada por Puigdemont y que cataloga a España como infrademocrática es @boye _g, terrorista barato concondena cumplida por secuestrador?‘. ‘Denuncian al secuestrador @boye_g ante el Colegio de Abogados por falsificar las palabras del Juez Llarena. Daños colaterales de tener piedad con terroristas pagándoles la cartera en la cárcel’«.
«lgnasi Guardans:‘Ambos abogados de Puigdemont, pero muy especialmente @boye _g, llevan tiempo bordeando varios límites éticos de una profesión muy digna y esencial…'».
«Toni Cantó: ‘Un secuestrador terrorista -al que han pillado haciendo trampas con una traducción-pidiendo amparo'».
«Carlos de la Sotilla: ‘El Colegio de Abogados de Madrid, como Institución Pública no puede seguir ajena e indiferente a las preocupaciones de los colegiados e indiferente a lo que ocurre en nuestro Estado de Derecho'».
«Boye no te preocupes que Correos es lento pero seguro». Lo firma Frank’z, cuyo perfil indica que dicho usuario es un miembro del ejército de Tierra. Es una amenaza contra mi vida o mi familia, directamente.
«Miquel Casals: «@boye_g usted es un malnacido de mierda. Ya va siendo hora de que los españoles de bien perdamos el miedo de decirle a la cara (ahí tiene mi perfil, etarra de los cojones) lo que pensamos de los etarras. Usted a mí ni me da miedo ni tolero que se chulee por ahí. VD. es su pasado».
«Otros: ‘Chileno, defensor de otro chileno, acusado de asesinar a un español con tirantes con la bandera'».
Y «Otros: ‘¿Denunciar a un juez belga? ¿Por qué no empezáis por denunciar a @boye_g por fraude procesal y falsedad? Igual no es necesario ir a Bélgica, basta con acercarse al colegio de abogados'».
«El ruín @boye _g miserable, terrorista, zafio y mediocre. Un defensor a la altura moral del defendido».
«¿Debería ser sancionado disciplinariamente @boye _g por falsear la declaración de un demandado y engañar así a un juez?».
«En un país serio no se permitiría ejercer la abogacía a un delincuente».
LA DENUNCIA DEL EURODIPUTADO
Boyé también hace referencia especial, dentro de esos «ataques» a la denuncia presentada ante el Colegio de Abogados de Madrid por el eurodiputado Enrique Calvet, la cual parece haberle afectado de forma especial, que dice: «La ofensa grave a la dignidad de la profesión se ve reforzada por el hecho de permitir que un acto deliberado y doloso tenga consecuencias económicas para el Estado español» adjunta una foto de los tres abogados belgas y yo mismo, con los clientes, así como otra foto de un compañero catalán».
«Falsificar pruebas para dañar a una persona, la que sea, en un juicio, es tan grave como infame. Propio de sinvergüenzas golpistas o filoterroristas. Recuperemos dignidad y justicia«, añade el eurodiputado.
AÚN NO SIENDO ESPAÑOL ESTÁ COLEGIADO EN EL ICAM
El letrado recuerda, en su escrito de amparo, que no es español, pero que está colegiado. Y considera que la agresión contra su persona es una agresión contra la democracia y el estado de derecho.
«Aunque no tengo nacionalidad española, pues soy chileno-alemán, estoy colegiado en este Ilustre Colegio de abogados -además de en el Ilustre Colegio de Abogados de Pamplona-y con el amparo que solicito no sólo requiero se me defienda ante este brutal ataque a mi independencia y dignidad como profesional sino se defienda, de paso, el Estado democrático y de Derecho, pues la agresión pública y amenazas contra los abogados, mediante la criminalización por el hecho de defender causas concretas y muy complejas, supone una verdadera agresión contra la democracia y contra el Estado de Derecho», explica el letrado, quien finalmente apela al artículo 33.3 del Estatuto General de la Abogacía Española que establece el mecanismo de amparo.
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