«Falsificar pruebas para dañar a un persona, la que sea, en un juicio, es tan grave como infame. Propio de sinvergüenzas golpistas o filoterroristas. Recuperamos dignidad y justicia». Este fue el contenido del mensaje que Enrique Calvet, eurodiputado por el Grupo de la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa, publicó el pasado 30 de agosto en su cuenta de Twitter, en referencia a la demanda presentada ante un Juzgado de Bruselas por cuatro abogados en nombre del expresidente catalán y los 4 exconsejeros fugados contra el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, instructor de la causa del procés.
Ahora Calvet ha dado un paso más sustancial: Ha presentado una denuncia formal ante el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) contra el letrado Gonzalo Boyé, quien firma la demanda, junto a los abogados belgas Christophe Marchand, Michèle Hirsch y Paul Bekaert, el cual está colegiado en esta corporación de derecho público de la capital de España.
Según publica El Español, Calvet considera que las palabras del juez para hacerle decir lo que no dijo y acusarle, así, como de violar derechos de los procesados es una «ofensa grave a la dignidad de la profesión de abogado, a las reglas éticas que la gobiernan y a los deberes establecidos en el Estatuto General de la Abogacía española».
La ofensa grave a la dignidad de la profesión se ve reforzada por el hecho de permitir que un acto deliberado y doloso tenga consecuencias económicas para el Estado español https://t.co/y2oAyXB46V
— EnriqueCalvet (@EnriqueCalvet) September 1, 2018
EL ESTATUTO DE LA ABOGACÍA OBLIGA A SER LEAL Y VERAZ PARA CON LOS TRIBUNALES
El eurodiputado recuerda que el Estatuto de la Abogacía obliga a los colegiados, en su relación con los tribunales, «probidad, lealtad y veracidad en cuanto al fondo de sus declaraciones y manifestaciones».
«Boye ha sido el encargado de firmar la demanda presentada ante la Justicia belga por el fugado de la justicia española y presunto golpista Carles Puigdemont contra el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, cuya defensa ha asumido el Estadoespañol», señala la denuncia.
Para Calvet, «la ofensa grave a la dignidad de la profesión se ve reforzada por el hecho de permitir que un acto deliberado y doloso tenga consecuencias económicas para el Estado español, que, como es lógico, ha asumido la defensa del magistrado demandado».
A su parecer, «de haberse producido la manipulación indicada, como parece, el colegiado habría incurrido en una infracción muy grave, como se recoge en el artículo 84 del Estatuto General de la Abogacía, pudiendo llegar a aplicarse sanciones disciplinarias que implicarían la suspensión del ejercicio de la Abogacía o la expulsión del Colegio profesional».
La Abogacía del Estado ha contratado al despacho belga Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick, para que su socio, el doctor Hakim Boularbah, represente a España y al magistrado Llarena en la vista que tiene que tener lugar el próximo martes a las 9 de la mañana ante el titular del Juzgado de Primera Instancia Francófono de Bruselas, Primera Sala.
Para este servicio, se ha destinado un presupuesto límite de 544.982 euros si bien este gran despacho cobraría según un “rate” horario. La cifra establecida es la frontera que no se puede superar y comprende muchas horas de trabajo.
Si el tema se inadmitiera, tras la vista mencionada del martes, las horas serán pocas y la factura a abonar por las arcas del Estado, muy bajo.
UNA PATATA CALIENTE PARA EL DECANO ALONSO
La denuncia de Calvet supone una «patata caliente» para el Colegio de Abogados, cuya Junta de Gobierno, capitaneada por el decano José María Alonso, tendrá que dar una respuesta a la misma.
Boyé es un letrado que guarda una estrecha relación con el ICAM.
Boyé ha sido profesor, precisamente, en el curso de Práctica Procesal del Colegio que dirigía Jesús Andújar Urrutia.
