El Pleno del Consejo Fiscal celebrado este martes ha convenido que, a la vista del acuerdo adoptado ya por el Ministerio de Justicia, se informe a la fiscal general del Estado, María José Segarra, de cualquier «novedad relevante que afecte al procedimiento que se sigue ante los tribunales belgas en defensa de la jurisdicción e independencia de los tribunales españoles».
El Consejo Fiscal ha respondido de esta forma a la propuesta que habían presentado los 5 vocales de la Asociación de Fiscales (AF) de requerir a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que informara, a través de la fiscal general del Estado, María José Segarra, de «cualquier novedad relevante que afecte al procedimiento que se sigue ante los tribunales belgas en defensa de la jurisdicción e independencia de los tribunales españoles».
El mencionado «procedimiento» es la demanda que los cinco prófugos -el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y cuatro exconsejeros del anterior gobierno autonómico- presentaron contra el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ante un Juzgado de lo Civil francófono en Bruselas por haber supuestamente vulnerado su derecho de defensa al procesarlos por la causa del «procés».
Los fiscales de la AF, Concepción Talón, Juan Andrés Bermejo, Juan Francisco Ríos, María Rosario Lacasa y Rosa Rubio pidieron a finales de agosto que Segarra que reclamase esta documentación al entender que este órgano consultivo merecía ser informado de las decisiones de Justicia en relación con la defensa de la soberanía de los tribunales españoles en este caso.
En la misiva expusieron que la intención de esta demanda no era otra que “someter a inquisición de los órganos judiciales de un Estado extranjero, Bélgica, la legítima actuación de los tribunales españoles, arrojando dudas y tachas sobre España y su Estado democrático de Derecho”, lo que a su juicio requiere del Estado español todas las actuaciones adecuadas para su defensa ante la comunidad internacional, “tanto la jurídica como la representada por la opinión pública”.
Y añadieron que la demanda contra Llarena, al afectar al instructor del caso en el Tribunal Supremo español y cuestionar los derechos fundamentales de los investigados “supera notoriamente los límites de una demanda personal”, y supone un “ataque intolerable a la democracia española, a la integridad jurisdiccional y competencia de los tribunales de España”.
La fiscal general del Estado decidió no cursar esta petición a Justicia y llevar el asunto al Consejo Fiscal para que se pronunciara sobre la «procedencia y admisión» de dicha petición de los vocales de la AF.
Una vez que se ha decidido por el Gobierno la contratación de un bufete y la personación de España en la causa, la Fiscalía reclama que se le informe de las «novedades relevantes» en este procedimiento.
El Consejo Fiscal está formado por 12 miembros, 9 electos (actualmente 5 representan a la Asociación de Fiscales y 4 a la Unión Progresista de Fiscales) y 3 miembros natos: el fiscal jefe de la Inspección fiscal, Fausto José Cartagena, el teniente fiscal del Tribunal Supremo -número 2 de la Fiscalía General del Estado-, Luis Navajas, y la fiscal general del Estado, María José Segarra.
NOMBRAMIENTOS
El Consejo Fiscal también ha acordado resolver los siguientes nombramientos, que se realizaran en el próximo Consejo de Ministros: Justino Zapatero, que será fiscal del Tribunal Supremo (actualmente es teniente fiscal de Inspección); José Javier Polo, fiscal de la Audiencia Nacional (hasta ahora era fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid y acababa de terminar su mandato); Santiago Mena, quien renueva como fiscal jefe de la Fiscalía Provincila de Burgos; Marta Abellán será la nueva fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Cáceres; Juan Cisneros, fiscal jefe de la Fiscalía de Algeciras, renueva por un nuevo mandato; lo mismo que Mario Piñeiro Vázquez, en la Fiscalía de Santiago de Compostela; en Elche José Antonio Artieda Gracia, quien hasta ahora era fiscal de la plantilla de esta Fiscalía de Área, será el nuevo fiscal jefe de Elche.
Por otra parte, María José Segarra, una vez escuchado al Consejo Fiscal, ha decidido prorrogar las plazas en comisión de servicio de un año de duración para los fiscales de la plantilla de la Fiscalía Anticorrupción Inmaculada Violán González, Belén Dorremochea Fernández, César de Rivas e Irene Rodríguez Acuña, Ignacio Stampa Fuente y Miguel Serrano Solís, estos últimos responsables del caso Tándem, dividido en cinco piezas diferentes, en el que se investigan las actividades del comisario jubilado José Manuel Jiménez Villarejo, en prisión preventiva desde el pasado mes de noviembre.
