El juez del caso ‘los cuadernos de las coimas’ ha procesado a la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner al considerarla la jefa de una «banda paraestatal» de corrupción para recaudar fondos ilegalmente.
De Kirchner está acusada de dirigir una asociación ilícita, de ser coautora de recibir dádivas en 22 hechos y de cohecho pasivo en cinco. Se trata del sexto procesamiento de la senadora.
El juez Claudio Bonadio ha solicitado prisión preventiva para la exmandataria argentina, a expensas del desafuero que podría aprobar el Congreso, pero señala que antes de iniciar ese desafuero, esperará a que el procesamiento «se homologue por la Cámara federal de apelaciones», una instancia superior.
También ha pedido que se le embarguen 86,6 millones de euros.
La investigación arrancó el pasado 1 de agosto, a raíz de una información aportada por una persona, de la que no se ha revelado su identidad, al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 11, del que es titular Bonadio. Se trata de una copia de las anotaciones, fotografías y filmaciones efectuadas por Oscar Centeno, chófer del ministro de obras públicas, y del subsecretario de Coordinación del Departamento, Roberto Baratta.
En ellos, supuestamente, fue apuntando el dinero que se entregaba y se cobraba para la adjudicación de obra pública durante las Presidencias de Néstor Kirchner y su mujer.
Según señala el juez en su resolución, de 551 páginas, la investigación ha probado que se montó un aparato complejo desde el Estado, «una organización delictiva conformada por funcionarios públicos, quienes valiéndose de medios oficiales».
Al frente de esta red estarían «quienes fueran titulares del Poder Ejecutivo Nacional, Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández, y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio Miguel De Vido«.
Indica que el objetivo de esta estructura, activa entre los años 2003 y 2015, era «procurar la percepción de sumas de dinero ilegítimas por parte de diversos particulares, muchos de ellos empresarios contratistas de la obra pública del Estado Nacional».
Y argumenta que en ese período existió un «pacto ilícito en daño de tercero» entre funcionarios y empresarios que hizo «funcionar una maquinaria que le sacaba con procedimientos amañados dinero al Estado Nacional en detrimento de la educación, la salud, los jubilados, la seguridad, que dejaba a los más humildes del pueblo sin cloacas, sin agua corriente».
PROCESA A OTRAS 40 PERSONAS, ENTRE ELLOS EXFUNCIONARIOS, EMPRESARIOS Y UN EXJUEZ
Además de a Fernández de Kirchner, el juez Bonadio ha procesado a otras 40 personas, entre ellas 14 exfuncionarios, 23 empresarios y un exjuez.
Entre los procesados se encuentran al exministro de Planificación y el exsecretario coordinador Roberto Baratt. También se ha pedido prisión preventiva para ambos, y un embargo por 86,6 millones de euros para De Vido y para el exsecretario coordinador Roberto Baratta, acusados de ser los organizadores de la asociación ilícita y de cohecho pasivo.
En el caso de José López, exsecretario de Obras Públicas, aceptado como imputado colaborador, queda procesado como miembro de la asociación ilícita y cohecho pasivo, también con prisión preventiva y un embargo de 4.000 millones de pesos.
También se incluye al exchófer de Baratta, Óscar Centeno, procesado como miembro de la asociación ilícita con la misma millonaria cifra de embargo y otorgada la libertad al ser el primer «arrepentido» del caso.
En larga lista de empresarios que han sido procesados se encuentran Juan Carlos Lascurain, extitular de la Unión Industrial Argentina; Aldo Benito Roggio, dueño del grupo Roggio; Enrique Pescarmona, dueño de IMPSA; y Eduardo Eurnekian, presidente de Corporación América; o el empresario de la construcción Ángel Calcaterra.
También Carlos Wagner, Carlos Mundin, Héctor Betnaza, Gerardo Ferreyra, Armando Loson, Sergio y Alberto Taselli, Néstor Otero y Juan Chediack, entre otros, todos acusados de ser miembros de la asociación ilícita y dación de dádivas con un embargo cada uno de 4.000 millones de pesos.
KIRCHNER ESTÁ INVESTIGADA EN OTRAS CAUSAS
La exmandataria es objeto de numerosas investigaciones judiciales, la mayoría por presunta corrupción.
Además, ha sido denunciada por el que fuera fiscal del ‘caso AMIA’, Alberto Nisman, ya fallecido, por presuntamente encubrir a los sospechosos iraníes del mayor atentado cometido en Argentina, perpetrado en 1994.
Nisman fue encontrado muerto en su piso del barrio porteño de Puerto Madero en enero de 2015, una semana después de acusar a Kirchner de encubrir un atentado.
Ese día debía comparecer ante una comisión de la Cámara de Diputados para exponer su denuncia contra la expresidenta y varios de sus colaboradores más próximos por “decidir, negociar y organizar la impunidad de los prófugos iraníes en la causa AMIA con el propósito de liberar a los acusados y fabricar la inocencia de Irán”.
