La Asociación Judicial ‘Francisco de Vitoria’ (AJFV) ha manifestado, a través de un comunicado, que «acogería positivamente» la eliminación de los aforamientos anunciada por el presidente del Gobierno en los días pasados, si no fuera porque «duda de la finalidad de la propuesta».
Y es que la AJFV advierte de que para que esta iniciativa prospere, se requiere de una mayoría parlamentaria muy amplia, de la que carece el actual partido en el Gobierno.
Además, recuerda al partido en el Gobierno que no sería necesario eliminar los aforamientos si no se opusiera a la reforma del sistema de nombramiento de los vocales del CGPJ de procedencia judicial (12 de 20) para que fueran elegidos íntegramente por los jueces y magistrados y no por los políticos.
Con esta histórica reivindicación de la AJFV, compartida por el Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO), señalan, «se disiparía toda duda sobre la neutralidad de los miembros del poder judicial nombrados discrecionalmente por el CGPJ».
Tampoco entienden la postura del PP de oponerse a la eliminación de los aforamientos, «cuando antes de la moción de censura, decía estar conforme con impulsar la mencionada reforma sobre la elección de los vocales del CGPJ, culpando al actual partido en el Gobierno (entonces en la oposición) de la ausencia de mayoría suficiente para acometerla».
Según la AJFV, «con este juego político se evidencia la necesidad de que, desde los demás poderes del Estado, se deje de usar al Poder Judicial con fines electoralistas y se lleve a cabo la mencionada reforma, necesaria para reforzar la imagen de independencia del Poder Judicial».
Manifiestan «un rotundo NO a seguir utilizando la Justicia con fines electoralistas» y «SI a dotarla de medios para que pueda hacer frente a nuevos retos en materia de delincuencia y demás controversias jurídicas».
Porque, como explican, el Poder Judicial está compuesto por profesionales «ampliamente formados que instruyen asesinatos, violaciones, secuestros, narcotráfico y muchos otros delitos de similar gravedad. La corrupción política y los delitos cometidos por los miembros de cualquiera de los poderes del Estado, no son una excepción en cuanto a su dificultad. Sólo necesitamos medios para investigarlos».
