Manuel Sánchez de Diego, codirector del III Congreso Nacional de Transparencia.
El Tercer Congreso Internacional de Transparencia concluye con un llamamiento a invertir en los órganos de garantías
El derecho de acceso a la información debe ser considerado un derecho fundamental de las personas
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30/9/2018 06:15
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Actualizado: 29/9/2018 21:41
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32 entidades de la sociedad civil, participantes en el Tercer Congreso Internacional de Transparencia, celebrado en Cádiz entre el miércoles y el pasado viernes, han hecho un llamamiento a los gobiernos para que inviertan en los consejos de transparencia e instituciones afines para poder hacer realidad la transparencia que tanto se reivindica.
«El problema con los políticos es que, cuando están en la oposición, apoyan la transparencia más absoluta pero cuando llegan al poder, no dudan en meter palos en la rueda. El derecho de acceso a la información debe ser considerado un derecho fundamental de las personas«, explica Manuel Sánchez de Diego, codirector de este Tercer Congreso.
«Pero para que el derecho de acceso a la información sea una realidad hay que dotar a los órganos garantes de la transparencia de medios humanos y económicos suficientes», añade.
En el último año el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el organismo público independiente de España, encargado de promover la transparencia de la actividad pública velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad, salvaguardar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y garantizar la observancia de las disposiciones de buen gobierno, ha tenido un recorte del 22 por ciento en su presupuesto.
Así, la tan reivindicada transparencia no es posible.
«El edificio no estaría completo sin un desarrollo efectivo de la potestad sancionadora por incumplimiento de la obligación de transparencia. Esto es un gran handicap», cuenta Sánchez de Diego.
Lo mismo que una simplificación del procedimiento en el acceso a la información así como la concreción de los límites de acceso y las causas de inadmisión.
Plano general de la clausura del Tercer Congreso Internacional de Transparencia, celebrado en Cádiz.
«La Administración española, por hablar de lo nuestro, se ha cerrado en los últimos años. Los Ministerios plantean recursos contencioso-administrativos para no facilitar la información. La tentación hacia lo oscuridad es todavía muy poderosa en nuestra Administración«, señala Sánchez de Diego.
“Es verdad que La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, complementada con las diferentes normas aprobadas por las Comunidades Autónomas, ha sentado las bases de un nuevo modelo de gobernanza pública en España, pero también es cierto que todavía estamos muy lejos de cumplir los objetivos».
Y eso a pesar de que en los últimos tres años se han desarrollado en consejos y comisionados de las Comunidades Autónomas de Canarias, Cataluña, Región de Murcia, Galicia, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Andalucía, Islas Baleares, Aragón, País Vasco y Navarra.
Para los participantes en el Tercer Congreso Internacional de Transparencia, nos hallamos en la encrucijada de un cambio de paradigma en la gestión pública y en las formas de comprender lo que significa el servicio público y la relación entre la ciudadanía y sus instituciones.
Una coyuntura crítica en la que se tiene que ser exigentes y demandar cambios valientes que amplíen y mejoren lo logrado hasta ahora para conseguir que el cambio sea real y que los beneficios de éste, unas instituciones democráticas al servicio de las ciudadanas y los ciudadanos, sin máculas corruptas y que logren mejores cotas de desarrollo humano, sean el patrimonio común de esta reforma.
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