Más de un centenar de profesores universitarios de Cataluña han firmado un manifiesto en «defensa de la libertad ideológica y contra la presión política» en los campus y facultades catalanas, de acuerdo con los impulsores de esta iniciativa, Universitaris per la convivència.
En el manifiesto, los firmantes reclaman a la Generalitat que se respete el «principio de neutralidad» de las Administraciones Públicas y «el derecho fundamental a la libertad ideológica de profesores, alumnos y personal» de la universidad catalana «absteniéndose de promover o realizar comunicados de carácter partidista y de permitir que se impongan en las instalaciones universitarias símbolos ideológicos con carácter excluyente».
También que «garanticen y promuevan en los campus la libertad de expresión de todos los miembros de la comunidad universitaria, respetando el principio de igualdad, sin discriminación, y reprobando con contundencia cualquier actuación que denigre a personas o colectivos por razón de sus ideas».
Del mismo modo, los profesores firmantes reclaman medidas «para concienciar al personal universitario sobre la importancia de respetar en todo momento las distintas sensibilidades políticas existentes, especialmente las de los alumnos que, por razones obvias, están en inferioridad de condiciones para mostrar su discrepancia».
PETICIONES ESENCIALES
Para los firmantes, estas peticiones son «esenciales» para ejercer la labora docente e investigadora y para que las universidades «contribuyan, fomentando en su seno un debate racional de ideas, a la articulación de una opinión pública diversa y plural, esencial para una verdadera convivencia democrática».
En el texto del manifiesto se denuncia que en 2017 «muchos órganos de gobierno de las universidades catalanas emitieron comunicados claramente alineados con el poder político de la Generalitat» y «proliferaban» con «amparo institucional» en los edificios universitarios «pintadas y otros símbolos de carácter independentista y en ocasiones excluyente, mientras que algunos colectivos de estudiantes constitucionalistas sufrían amenazas y agresiones sin recibir ningún tipo de respaldo por parte de las autoridades académicas».
«Las declaraciones partidistas de una administración educativa en modo alguno pueden ampararse en la libertad de expresión, que es un derecho exclusivamente individual. Por el contrario, constituyen una instrumentalización inaceptable de las instituciones que contribuye a acrecentar la espiral de silencio que padecemos, generando así una sensación de pensamiento único en la esfera pública, que limita el intercambio libre de ideas», denuncian en el manifiesto. EP.
