Tiene uno de los currículums más completos para este ocupar la responsabilidad de presidente del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de la Comunidad Autónoma de Madrid, un órgano de nueva creación basado en el modelo del Estado y de la Comunidad Autónoma de Andalucía con autonomía funcional.
Jesús María González García es catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid desde 2018. Antes fue letrado del Tribunal Constitucional (entre 2012 y 2018), especializado en el control constitucional de los derechos fundamentales ante la jurisdicción civil. Fue el letrado coordinador del grupo de amparo civil.
Entre 2001 y 2010 fue, también, letrado del Consejo General del Poder Judicial, como jefe de Sección de su Gabinete Técnico. Además es Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y vocal de sus Sección de Derecho Procesal.
Sabe, por lo tanto, lo que se trae entre manos al acceder al puesto de «guardián de la Transparencia» en la Comunidad de Madrid.
González fue propuesto por acuerdo del Consejo de Gobierno del pasado 30 de abril y su nombramiento fue ratificado por la Asamblea de la Comunidad de Madrid. Previamente tuvo que comparecer ante la Comisión de Presidencia, Justicia y Administración Local, donde fue entrevistado por los diputados regionales.
En esa intervención, el nuevo presidente del Consejo de Transparencia y Protección de Datos subrayó las zonas de confluencias entre ambos ámbitos.
«El mundo de la transparencia lo es también de protección del derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública, a disponer de instituciones transparentes y facilitar la llamada ‘transparencia colaborativa’ de la información pública al servicio de la sociedad«, explicó a los diputados.
«El Consejo de Transparencia y Protección de Datos cumple, como sus homólogas en otros territorios del Estado, y como lo hace el Consejo estatal, una misión capital en el cumplimiento de dichos objetivos. Una función coordinadora, pedagógica para las instituciones sometidas a su labor, que debe contribuir, desde la generalización de las buenas prácticas, a conseguir unas instituciones más transparentes y cercanas y, con ello, más confiables para todos«, añadió.
En su opinión, el Consejo también debe ejercer funciones de tutela para los ciudadanos, resolviendo sus quejas en demanda de transparencia e información, y, desde ahí, facilitar el acceso a la información y el refuerzo de la confianza ciudadana en las instituciones. Y respetando la protección de los derechos fundamentales de las personas afectadas por la información solicitada, terreno en el que suele estar en conflicto, con frecuencia (cuando se trata de dar información pública), la protección de datos personales
ÓRGANO ADSCRITO A LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
Este Consejo de Transparencia es un organismo autónomo adscrito a la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid. Tiene autonomía funcional, lo que previsto en el título quinto de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno de la CAM (Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid).
Las funciones del Consejo son, en esencia, el fomento, análisis, control y protección de la transparencia pública y la participación en el ámbito de la Comunidad de Madrid, así como en materia de protección de datos de carácter personal para la deliberación, consulta, participación y coordinación de las consejerías de la Comunidad de Madrid y sus entes institucionales vinculados y dependientes.
La creación de este Consejo no ha estado exenta de cierta polémica porque nace a través de la Ley 16/2023, de 27 de diciembre, de medidas para la simplificación y mejora de la eficacia de instituciones y organismos de la Comunidad de Madrid (Ley ómnibus), y se encuentra recurrida ante el Tribunal Constitucional por 50 senadores del grupo socialista del Senado.
Las quejas se centran en el cambio de modelo, puesto que el órgano que lo precedía dependía de la Asamblea de Madrid, mientras que el actual, siguiendo el modelo del Consejo estatal, depende del ejecutivo, y se integra por funcionarios de carrera con una estructura administrativa estable.
Es con todo un órgano autónomo y su presidente está sujeto a un régimen de inamovilidad por cuatro años.
