La eurodiputada de Unión Progreso y Democracia (UPYD), Maite Pagazaurtundúa, pidió ayer a la Fiscalía General del Estado que investigue la organización, la estrategia, la financiación y a los cabecillas de los denominados Comités de Defensa de la República (CDR), la «kale borroka» separatista catalana, por colaborar en la vulneración de los derechos de los ciudadanos que no comulgan con los preceptos independentistas.
Unida a su petición ha remitido un documento que hace un retrato de estos grupos, en el que incluye el informe de la Guardia Civil en el que se identifican a 22 cabecillas, 5 de ellos vinculados con partidos y organizaciones independentistas.
Se trata, según señala, de Rubén Wagensberg, diputado de ERC en el Parlamento autonómico; Marcel Mauri de los Ríos, vicepresidente de Òmnium; Joan Vallvé, vicepresidente segundo de Òmnium; Ariadna Isem, de ANC; y Antonio Baños, exdiputado de la CUP.
En esta petición que Pagaza realiza a María José Segarra, fiscal general del Estado, expone que «el pulso independentista alentado por el Gobierno catalán cuenta entre sus instrumentos con estas organizaciones locales que carecen de estatutos ni régimen jurídico alguno».
Según señala, «las consecuencias de sus actos no han sido todavía evaluadas ni encausadas en su justa medida, y el poder ejecutivo y judicial no han actuado contra estos entes que, sin embargo, a todas luces cuentan con un mando superior único, una estrategia y una financiación que deben ser todavía aclaradas».
IMPEDIR LA CREACIÓN DE «MILICIAS CIUDADANAS» QUE ATENTEN CONTRA LA DEMOCRACIA
La eurodiputada considera que, por esta razón, es urgente una investigación por parte de la Fiscalía General del Estado que vaya al origen, desarrollo y actuación de los CDRs y sus acciones, con el fin de «evitar el nacimiento de milicias ciudadanas cuyo único objetivo es atentar contra el Estado de derecho y poner en riesgo las bases de la democracia española».
«Visto desde el Parlamento Europeo, resulta muy preocupante la evolución y agravamiento de la vulneración de los derechos de todos aquellos que no piensan como los cabecillas independentistas», asegura la eurodiputada de UPyD.
En especial, señala que «la estrategia llevada a cabo por organizaciones difusas de carácter descontrolado que responden sin embargo al objetivo claro de desestabilización del Estado y de persecución de la libertad de conciencia de los no afectos».
Por ello, Maite Pagaza considera que la Fiscalía General del Estado no puede asistir pasivamente a la vulneración de los derechos consagrados en los artículos 1, 13, 16 y 22 de la Constitución Española y del artículo 2 del Tratado de la Unión Europea.
Junto a su petición, Pagaza ha enviado a la Fiscalía un documento que hace una «primera fotografía» de la información existente sobre los CDRs, incluidas numerosas actuaciones y fotografías, así como el informe realizado por la Guardia Civil en el que se apunta que nacieron para impedir la acción de la Justicia mediante movilizaciones, y predominan los llamamientos «tanto a la resistencia activa como pasiva, como a la desobediencia civil» que evoluciona hacia formas más agresivas.
ESTRATEGIA, DESCONVOCAR POR TWITTER PARA EVITAR QUE LES IMPUTEN
La eurodiputada destaca el papel de la plataforma «En peu de pau» (En pie de paz), a la que se hace «responsable» de impartir talleres para enseñar a los ciudadanos a cómo practicar la «resistencia pacífica».
Además, en el informe del Instituto Armado se expone que aunque muchas de sus campañas se prolonguen hasta causar desórdenes públicos, con daños evidentes a las personas y al mobiliario urbano, los coordinadores se encargan de enviar tuits desconvocando las concentraciones antes de que se puedan adjudicar las peores consecuencias de sus acciones a una campaña orquestada (con intención) por su organización.
Por lo tanto, Pagaza se pregunta en el escrito que ha enviado que «si la organización de presión y ejercicio de la violencia requiere tanto de los CDR pacífcios como de los violentes, si todo es un engranaje con unidad de acción y objetivos claros y comunes, y si hay una corrodinación desde la cúpula y una estrategia clara para evadir la responsabilidad ante la justicia, cabe preguntarse por qué no se actúa judicialmente contra ellos como un todo». EP.
