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Podemos pregunta al Gobierno sobre las propiedades opacas en España del fiscal general de Colombia
El fiscal general de la Nación de Colombia, Néstor Humberto Martínez Neira, ha sido objeto de atención del parlamento español por sus propiedades opacas en Madrid.

Podemos pregunta al Gobierno sobre las propiedades opacas en España del fiscal general de Colombia

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04/10/2018 21:14
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Actualizado: 04/10/2018 21:15
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El foco político español se ha centrado hoy, desde el Congreso de los Diputados, sobre Néstor Humberto Martínez Neira, fiscal general de la Nación de Colombia, a propósito de sus propiedades opacas en la capital de España.

Ricardo Sixto, diputado del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Mareas -el tercero más numeroso de la Cámara Baja-, ha presentado un escrito dirigido al Gobierno ante la Mesa del Congreso de los Diputados con ocho preguntas de calado, basadas en la información que el prestigioso periodista colombiano, Gonzalo Guillén, publicó el pasado 24 de septiembre en el diario La Nueva Prensa. 

Podemos ha inquirido al Gobierno si ha dado -o dará- instrucciones para que se investiguen las posibles actividades ilícitas en España de Amanda Advisors, S.A., la empresa pantalla panameña del fiscal general de Colombia, desde la que ostenta la propiedad del piso de la calle Ortega y Gasset, de Madrid.

Un piso que tiene «un valor estimado entre un millón y medio y dos millones de euros». 

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«Tras la publicación de la noticia en la prensa el Fiscal General de Colombia, Sr. Martínez Neira, ha reconocido que el titular real del inmueble es él», dice el escrito. 

«Amanda Advisors S.A. también sería titular de fondos bancarios en España, en el Banco de Santander, recibidos mediante transferencias provenientes presuntamente de paraísos fiscales», añade.

El diputado pregunta también si tales instrucciones se han dirigido de forma específica a la Fiscalía General del Estado, a la Agencia Tributaria, a la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias o a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

La formación morada también quiere saber si todas esas instituciones han tomado alguna medida de oficio para investigar dichos activos en España y si el Gobierno puede afirmar que Amanda Advisors, S.A. no ha participado en operaciones de blanqueo de capitales -y, por lo tanto, ilicitas- en nuestro país. 

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EN BUSCA DEL BENEFICIARIO REAL

«¿Se ha recibido información en la Agencia Tributaria sobre las personas físicas que serían ‘el beneficiario real’, ‘último beneficiario’ o ‘titular efectivo’ de los bienes y activos de la empresa panameña Amanda Advisors, S.A.?», dice la cuarta pregunta. 

La empresa pantalla no es la única sociedad por la que se interesa el diputado Ricardo Sixto.

También pide información sobre las mercantiles Fairfax Investí Corp., Pointview Financial Limited y Ultra Mega Development, S.A., las personas de Eliseo de León, Elisa Edghill y la firma panameña de abogados Rosas & Rosas Abogados con el fin de saber si se han investigado «a efectos de prevenir o perseguir operaciones de blanqueo de capitales».

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«Rosas & Rosas ha sido investigada judicialmente por el posible blanqueo de dinero procedente de las distintas comisiones ilegales o sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht en distintos países -entre otros por un caso de blanqueo de dinero y evasión tributaria en Gran Bretaña, cuya cabeza principal es el empresario Derek James Tiney, quien también está acusado de recibir dinero negro de Odebrechet-, así como por sospechas de haber actuado para blanquear fondos procedentes de otras actividades ilícitas, entre otros países en Argentina», dice el diputado en su pregunta.

«Ultra Mega Development S.A. fue sustituida en la junta de gobierno de Amanda Advisors S.A., por HBM B.V.I LTDA, representada por Rosas & Rosas Abogados», agrega.

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«Se da la circunstancia de que varios de los directivos de las empresas Winter Blue S.A. y Amanda Advisors S.A., propiedad del Fiscal Néstor Humberto Martínez, coinciden: Elíseo de León, Elisa Edghill y Rosas & Rosas Abogados».

Podemos dedica, asimismo, una atención especial a la empresa brasileña, Odebrecht.

El periodista Gonzalo Guillén, quien retó públicamente al fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez Neira, a que lo denunciara si lo que había publicado no era verdad; el fiscal general de Colombia ni lo ha demandado ni se ha querellado contra él.

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¿DINERO PROCEDENTE DE SOBORNOS DE ODEBRECHT?

«Néstor Humberto Martínez ha trabajado para la concesionaria de Odebrecht, Episol en la Ruta del Sol 11, a través del despacho jurídico de su titularidad ‘Martínez Neira Abogados’ cuestión que ha sido aceptada por el ahora Fiscal General de Colombia reconociendo que fue contratado como abogado en 2012 para ayudar a conseguir a la concesionaria de Odebrecht un contrato de estabilidad jurídica en el Ministerio de Comercio. Se da la circunstancia de que el inmueble sito en la Calle José Ortega y Gasset de Madrid fue adquirido por la empresa pantalla de Néstor Humberto Martínez Neira y su familia en septiembre de 2014″, señalan en la pregunta.

«La empresa brasileña Odebrecht reconoció públicamente haber pagado en Colombia 11 millones de dólares en sobornos para la consecución de la adjudicación de la obra de construcción de infraestructuras viarias Consorcio de la Ruta del Sol 2 (Odebrecht-Grupo Aval), concesión de la construcción de la vía Ocaña-Gamarra, como una extensión de la vía Puerto Berrío-San Roque», indican.

Por ello, el diputado de la formación morada pregunta ¿si se están investigando en España «las posibles actividades de blanqueo de capitales procedentes de los distintos sobornos pagados por la empresa brasileña Odebrecht a funcionarios de distintos gobiernos de otros países?».

Y si se puede afirmar que España no ha sido utilizada para blanquear capitales procedentes de ilícitos cometidos por la empresa brasileña Odebrecht.

Por último, inquiere si entre septiembre de 2016 -un mes después de que Martínez Neira asumiera la Fiscalía General- y la actualidad, «¿se ha interesado o entregado a la Fiscalía General de la Nación de Colombia, o se ha recibido en España procedente de la Fiscalía General de la Nación de Colombia información o solicitud de información relativa a los ilícitos cometidos por Odebrecht?».

EL GOBIERNO TIENE 20 DÍAS PARA CONTESTAR

La batería de preguntas será enviada al secretario de Estado de Relaciones con las Cortes que decidirá a qué carteras ministeriales hay que enviarlas. Sobre el papel está claro: los Ministerios de Justicia, Interior y Hacienda. Tienen 20 días para contestar por escrito.

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