El no ya lo tenía. Así que Antonio Doreste, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), intentó el sí y dirigió una consulta a la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial para ver si colaba que la magistrada María Luisa Mediavilla Cruz podía formar parte del tribunal que tendría que juzgar al magistrado Salvador Alba.
Y la Comisión Permanente le ha dicho que no. Porque la Ley Orgánica del Poder Judicial.
De cajón.
¿Por qué? Porque la magistrada Mediavilla Cruz, de 49 años, ya no está destinada en las Islas Canarias sino en el Juzgado de lo Social 18 de Valencia, de nueva creación.
La consulta de Doreste es fruto del desbarajuste interno existente en la Sala de lo Civil y Penal del TSJC.
Mediavilla Cruz había sido titular del Juzgado de lo Social número 7 de Santa Cruz de Tenerife hasta el pasado 18 de julio, en el que el Boletín Oficial del Estado publicó su cambio de destino.
De acuerdo con las normas establecidas, la magistrada cesó el día siguiente, pero, como es lógico, todavía tenía 20 días por delante para hacer el consabido alarde, hacer las maletas y marcharse a Valencia.
Y aquí viene lo que prueba el desbarajuste citado.
NOMBRADA PRESIDENTA Y PONENTE 5 DÍAS DESPUÉS DE CESAR EN CANARIAS
La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJM) aprobó, el 23 de julio -5 días después de su cese- la lista de magistrados sustitutos para conformar el citado tribunal.
Y el 1 de agosto se publicó el acuerdo gubernativo, firmado por el presidente en funciones del TSJC, Humberto Guadalupe, en el que se designaba a Mediavilla Cruz presidenta y ponente del caso.
Según ha podido contrastar Confilegal, a los magistrados, en estos casos, les telefonea personalmente el presidente del TSJC y les pregunta si aceptan o rehusan formar parte del tribunal en cuestión.
En el caso de Mediavilla Cruz cuatro compañeros suyos, que la precedieron en la consulta, rehusaron por diversos motivos de peso.
Ella no.
Y ya estaba fuera de Canarias, administrativamente hablando.
La publicación del acuerdo gubernativo, 13 días después de su cambio de destino en el BOE, implicaba que había aceptado la designación, cosa para la que no estaba capacitada.
El acuerdo de la Comisión Permanente del pasado 4 de octubre ha sido muy claro: «Comunicar al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en contestación a la consulta planteada, que María Luisa Mediavilla Cruz no podrá formar parte de la Sala de lo Civil y Penal de dicho Tribunal en el Procedimiento Abreviado 10/2016, al encontrarse destinada en la actualidad en el Juzgado de lo Social n.º 18 de Valencia, debiendo procederse, en consecuencia, para completar dicha Sala, del modo previsto en el artículo 199 de la Ley Orgánica del Poder Judicial».
Lo dicho. Un desbarajuste.
