En su primer encuentro institucional celebrado este lunes en la sede del Ministerio de Justicia con la titular del departamento, Dolores Delgado, la decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), Mª Eugènia Gay pidió medidas urgentes para reducir el colapso de la Administración de Justicia y mostró su disconformidad en mantener y prorrogar el actual plan de los juzgados en materia de ‘cláusulas suelo’.
Gay también solicitó a la ministra la suspensión total de las tasas judiciales estatales y para pymes «a pesar del tono cordial de la reunión y de la sintonía entre ambas», ha señalado el ICAB a través de un comunicado.
La Abogacía barcelonesa reclamó además un aumento de los baremos de compensación de las actuaciones del Turno de Oficio y que éste sea acorde al valor y la calidad del servicio prestado por parte de la abogacía.
Y en relación a la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que avala la obligación de los abogados a prestar asistencia en el Turno de Oficio, Gay subrayó que “las administraciones deben ser conscientes de la labor de este servicio público que prestan los abogados y abogadas del turno de oficio y por ello deberían dotar la Justicia Gratuita de medios suficientes y adecuados”.
Colapso de la justicia
Entre las muchas cuestiones abordadas durante el encuentro, la decana del ICAB puso de manifiesto el colapso del sistema judicial español, que “no puede responder a la ciudadanía diligentemente en tiempo y forma sobre los conflictos que se le plantean”.
Entre las carencias más graves, recogidas en el Informe de la Justicia 2018 presentado hace un mes en Barcelona, señaló, por ejemplo, que los juzgados especializados en “cláusulas suelo” no son capaces de asumir el volumen de entrada de los expedientes; los procesos de divorcio contenciosos pueden durar un año en Instancia y dos en apelación; el enjuiciamiento de delitos leves que pueden llegar a prescribir por falta de medios para señalar la vista en plazo; o que juzgados de lo social señalan los juicios 2 o 3 años vista.
Derecho de defensa de los más vulnerables
En el ámbito puramente legislativo, Gay solicitó a la ministra que estudie la supresión total de las tasas judiciales estatales y que aborde la eliminación de las tasas judiciales para las pymes, rehaciendo la configuración actual de este tributo y asimilando su regulación a la que en su día estableció el artículo 35 de la Ley 53/2002, que garantizaba la exención del pago de las tasas jurisdiccionales a los sujetos pasivos que tuvieran la consideración de entidades de reducida dimensión, de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora del Impuesto sobre Sociedades.
La decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona también trasladó la necesidad de elaborar un texto normativo que ofrezca una protección integral a los menores y adolescentes contra todo tipo de maltrato y abuso, así como la necesidad de incorporar las previsiones del Protocolo de Estambul a la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
La ley de segunda oportunidad y la reforma de la regulación penal y de seguridad ciudadana relativa a la ‘okupación’ de viviendas fueron otros temas tratados durante el encuentro.
También desde el ICAB se valoró muy positivamente que el Gobierno haya designado a un grupo de expertos para que lleven a cabo la modificación de la LOPJ, el Código Penal y las leyes que sean precisas para recuperar la justicia universal.
Más mujeres en los juzgados
La decana recordó a la ministra la necesidad de trabajar por la igualdad de géneros en la Administración de Justicia, ya que, en su opinión, es escasa la presencia de mujeres juezas en las distintas instancias.
En este sentido, hizo hincapié en que en España las mujeres suponen el 60% de los jueces en primera instancia, pero no llegan al 50% en los tribunales de segunda instancia, unas cifras que se sitúan lejos del 80% de países como Eslovenia, donde los jueces y magistrados son mayoritariamente mujeres, apuntó.
Finalmente, Gay explicó la Medida 144 del Plan Estratégico de la Abogacía Española para los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, donde el ICAB, en sintonía con el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), presentará el compromiso del cumplimiento de los objetivos 5 (de igualdad de género) y 16 (de acceso a la justicia).
