El Gobierno que preside Pedro Sánchez tiene previsto aprobar durante la reunión del Consejo de Ministros de este viernes la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) por la resolución del Parlamento de Cataluña contra el rey y la Monarquía y, entre otros temas, van a rechazar un recurso interpuesto contra la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos.
En la reunión de este viernes está previsto aprobar la impugnación de dos puntos de la resolución del 11 de octubre del Parlament relativos al Rey y a la Monarquía, dos acuerdos de trámites administrativos.
Una decisión ya anunciada por la portavoz del Gobierno, Isabel Celáa, quién el pasado viernes señalaba la intención de Gobierno de impugnar ante el Constitucional dicha resolución al ver en este texto «un nuevo intento» de iniciar otro proceso unilateral «que desemboque en la proclamación de una hipotética república» catalana.
La impugnación se presentará pese al criterio contrario expresado por el Consejo de Estado, que en el informe encargado por el Gobierno expone que la moción del Parlament no constituye «objeto idóneo para su impugnación», pero el Gobierno no comparte esta argumentación y acudirá al Constitucional.
La resolución aprobada el 11 de octubre en el Parlamento catalán fue propuesta por En Comú; reivindica los valores republicanos y apuesta por «la abolición de una institución caduca y antidemocrática como la monarquía». También rechaza y condena «el posicionamiento del Rey Felipe VI y su intervención en el conflicto catalán», ya que considera que justificó las cargas policiales del 1 de octubre de 2017.
Por contra, tiene previsto anunciar la retirada de los recursos ante el TC sobre dos leyes de emergencia habitacional aprobados por el Parlamento de Cataluña. En esta ocasión, el Ejecutivo desestima seguir adelante con el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de Mariano Rajoy contra la ley catalana de medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas que se encuentran en riesgo de exclusión residencial, aprobada en 2016.
La norma se tramitó de forma exprés y se elaboró expresamente para sortear la suspensión que dictó el Tribunal Constitucional contra una parte de la ley catalana 24/2015 sobre el mismo tema. Su objetivo es el de proteger a personas en situación de exclusión residencial como consecuencia del sobreendeudamiento y crea la Comisión de vivienda y asistencia para situaciones de emergencia para coordinar a las administraciones sobre este tema. EP.
