Una imagen de archivo de un salto a la valla de Melilla./ EP
El Colegio de Abogados de Melilla se queja al Defensor del Pueblo de no poder hacer su trabajo con 55 migrantes que saltaron la valla
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03/11/2018 06:15
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Actualizado: 04/11/2018 20:50
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El decano del Colegio de Abogados de Melilla, Blas Jesús Imbroda, remitió este viernes un escrito a la Oficina del Defensor del Pueblo en el que pone de manifiesto que durante la mañana del lunes 22 de octubre se procedió a la devolución de unos 55 migrantes a Marruecos que saltaron la valla transfronteriza y que no solicitaron asilo por no poder ejercitar su derecho de defensa.
Según suscribe Imbroda no se les desplazó a los juzgados para facilitarles que otorgaran apud-acta o apoderamientolo ante el letrado de la Administración de Justicia de guardia.
La consecuencia es que sin ese trámite los letrados no pueden iniciar acciones judiciales contra esta devolución, «aún cuando por los propios asistidos manifestaron individualmente a los letrados su deseo de interponer los recursos pertinentes», suscribe el decano en el escrito al que ha tenido acceso Confilegal.
En su opinión, esto supone una vulneración del artículo 24 de la Constitución Española «al impedirles el acceso a los Juzgados y Tribunales, situación irremediable ya que no se encuentran en territorio nacional».
La Delegación del Gobierno estaba avisada
Según los hechos que se relatan en la queja remitida al Defensor del Pueblo, durante la tarde del domingo 21 de octubre y hasta aproximadamente las 5:00 horas de la madrugada del lunes 22 de octubre, 32 abogados del turno especializado de extranjería y protección internacional del Colegio, asistieron a cerca de 200 migrantes que protagonizaron la entrada por la valla esa misma mañana.
29 abogados efectuaron las asistencias de 6 inmigrantes cada uno y los 3 últimos abogados 7 asistencias cada uno, indica el escrito.
Tras la asistencia jurídica en la que se garantizó el acceso a un procedimiento individualizado, obligatorio para la identificación adecuada de los migrantes, sobre todo de los potenciales solicitantes de asilo, y para la apertura de un expediente de devolución, alrededor de 130 solicitaron protección internacional.
Otros 55 aproximadamente fueron objeto de expediente administrativo de devolución, de forma que el mismo 22 de octubre ya estaban de vuelta en Marruecos. Según Imbroda, se ejecutó el tratado de readmisión firmado en 1992 entre el Gobierno español y el marroquí «sin que pasaran por los juzgados».
Antes del inicio de las asistencias jurídicas, la Corporación advirtió a la Delegación del Gobierno de que el lunes por la mañana, las personas que fueran objeto de expediente de devolución, se trasladaran al Juzgado de Guardia para el otorgamiento de poder apudacta ante el Letrado de la Administración de Justicia de guardia.
También los abogados lo manifestaron durante las asistencias.
Reconocimiento a la labor de los abogados
La Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional del Consejo Genera de la Abogacía (CGAE) manifestó de forma unánime su apoyo «incondicional» al «inestimable» trabajo realizado por estos 32 abogados del Turno de Oficio.
En el acuerdo adoptado por esta Subcomisión el pasado 24 de octubre, se expresaba el malestar de la Abogacía por las «graves injerencias» de otras organizaciones en la tramitación de estos procedimientos y exigían que los letrados designados por el Turno de Oficio del Colegio de Melilla pudieran continuar con los trámites ya iniciados hasta su finalización.
Servicio de Orientación Jurídica en el CETI
El Colegio de Melilla, que a través de su decano, también ha defendido públicamente que la asistencia letrada que recibieron los migrantes fue «la adecuada», pese a la celeridad con la que se llevó a cabo, solicita la intervención del Defensor del Pueblo para disponer de un Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de la ciudad (CETI).
Una petición que les ha denegado el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, «aun cuando este colegio se haría cargo de cuantos gastos supusiera esta instalación».
En concreto, piden la instalación de un SOJ que «sería atendida por un letrado y un intérprete y donde se asesoraría a los inmigrantes informándoles puntualmente de cuanto solicitaran y servir de apoyo al trabajo que realiza cada uno de los letrados».
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