Según datos de los sindicato CSIF y UGT, el 80 por ciento de los funcionarios de la Administración de Justicia habría secundado la huelga general convocada para este viernes contra la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).
Las organizaciones convocantes han sido CSIF, STAJ, CCOO y UGT.
Con anterioridad a esta jornada de protesta, los sindicatos ya se concentraron el pasado 31 de octubre ante la sede del Ministerio de Justicia y todos los días laborables, de 10 a 10:30 horas, desde el pasado 6 de noviembre, los funcionarios se concentran a las puertas de los centros de trabajo.
Los datos de Justicia
Por su parte, los datos oficiales que ha ofrecido el Ministerio de Justicia sitúan el porcentaje de participación en el 18,7 por ciento.
Las comunidades autónomas con mayor incidencia han sido La Rioja (41,8 por ciento), Madrid (40,6 por ciento) y Asturias (36,7 por ciento). Por el contrario, Galicia (1,5 por ciento), País Vasco (1,7 por ciento) y la ciudad autónoma de Ceuta (3,5 por ciento) son las regiones donde menos participación han registrado.
En un comunicado, el departamento que dirige Dolores Delgado ha informado de que han secundado el paro convocado por las centrales sindicales los letrados de la Administración de Justicia, cuerpos de gestión, tramitación y auxilio judicial, médicos forenses y facultativos, técnicos especialistas y ayudantes de laboratorio del INTCF.
Sin embargo, el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, a través de otro comunicado suscrito por su presidente Rafael Lara Hernández, ha matizado esta información manifestando que el seguimiento de los anteriormente denominados secretarios judiciales de la huelga «ha sido inexistente».
«Una vez más se pone de manifiesto que las centrales sindicales de funcionarios de Justicia no representan a los Letrados Judiciales, como así lo vienen acordando distintas sentencias de juzgados de lo social, que nos excluyen de las elecciones sindicales», señalan.
Es por esto -añaden- que el Colegio Nacional «siempre ha reclamado que la representación de los Letrados únicamente la ostentan las asociaciones».
«No a la movilidad forzosa y arbitraria, a la destrucción de empleo»
Con este lema en la pancarta de cabecera, ha arrancado la manifestación que ha puesto el punto final a esta primera jornada de huelga y que ha recorrido las calles de la capital desde la sede del Ministerio de Justicia hasta el Senado, donde actualmente se tramita la reforma de la LOPJ y que tendría de plazo hasta el miércoles 21 de noviembre para dar marcha atrás.
Han participado 5.000 funcionarios de toda España, según las organización sindicales convocantes.
Junto a la protesta de hoy, los representantes sindicales entregaron este miércoles 30.000 firmas en el Ministerio de Justicia contra este cambio legislativo que «abre la puerta a la movilización forzosa y discrecional del personal, lo que supone una flagrante vulneración del derecho fundamental a la negociación colectiva», denuncia CSIF.
Para Francisco Lama, presidente del sector Nacional de Justicia de CSIF, con esta reforma se produce «un ataque muy grave contra nuestras condiciones laborales -el mayor de los últimos tiempos- y queremos defender en la calle lo que no hemos podido defender en los despachos porque nuestros interlocutores hacen oídos sordos a nuestras reclamaciones».
Lama ha insistido que la ciudadanía tiene que saber que «detrás de los jueces y los fiscales, hay cerca de 50.000 trabajadores que son la cara de la Justicia y que necesitan el respeto de nuestros políticos y, sobre todo, que la renovación del CGPJ no puede ser una disculpa para atropellar estos derechos laborales vulnerando la negociación colectiva y la libertad sindical».
Victoria Carrero, responsable del sindicato de Justicia de UGT, ve «incomprensible» que en una época de recuperación de derechos y reversión de recortes «se haya orquestado en Justicia una reforma que va a suponer un gravísimo atentado contra la especialización, la formación y la carrera profesional».
Carrero ha afirmado que la reforma afectará de manera especial a los juzgados contra la violencia de género, puesto que la tendencia será la eliminación de la especialización de los servicios.
4 artículos de la LOPJ
Lo que ya se ha aprobado por el Congreso de los Diputados y que ha enfadado a los funcionarios de Justicia son 4 preceptos del articulado de la LOPJ que unifican en uno solo los centros de destino de cada municipio. Además, se aprueba la movilidad forzosa a cualquier puesto de trabajo de la misma localidad, a criterio del gestor correspondiente.
También se prohíbe el incremento de plantilla y la asignación de más medios materiales, cuando se designen jueces de refuerzo.
En caso de ausencia que no suponga vacante, su sustitución transitoria sólo se producirá si se trata de ausencia de personal titular, pero no si la ausencia es de personal interino.
Y el personal interino de refuerzo será cesado en el plazo máximo de 6 meses.
