La sede del Tribunal Constitucional, en el 6 de la Calle Domenico Scarlatti, en Madrid. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
El TC admite el recurso del exnúmero 2 de Junqueras sobre la recusación del sustituto de Ramírez Sunyer
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19/11/2018 17:09
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Actualizado: 20/11/2018 13:38
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El Pleno del Tribunal Constitucional, por unanimidad, ha admitido a trámite un recurso de amparo presentado por el ex secretario general de Vicepresidencia, Economía y Hacienda de la Generalitat de Cataluña, Josep Maria Jové, contra un auto de la Audiencia Provincial de Barcelona que denegó la recusación del juez sustituto del recientemente fallecido titular del Juzgado de Instrucción número 13 de la Ciudad Condal, Juan Antonio Ramírez Sunyer, que instruye el referéndum del 1-O.
Jové considera que se ha podido vulnerar su derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías del artículo 24.1 y 2 de la Constitución.
La instrucción llevada a cabo por el magistrado Ramírez Sunyer, en lo referido a Jové, ha sido fundamental para sustanciar la causa del procés en el Tribunal Supremo y las acusaciones contra el jefe de los Mossos.
Fue en el registro de la casa de Jové donde se encontró el documento «Enfocats», la hoja de ruta secreta hacia la independencia, así como la agenda de las reuniones que los diferentes grupos separatistas habían venido realizando desde 2015 de forma secreta para preparar la secesión.
Por su parte, el Constitucional admite a trámite el recurso porque entiende que concurre «una especial trascendencia constitucional porque plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este Tribunal».
Jové, número 2 del exvicepresidente de la Generalitat ahora en prisión preventiva, Oriol Junqueras, planteó la recusación del instructor sustituto, pero el pasado mes de junio, la Audiencia Provincial de Barcelona rechazó su pretensión de apartarle del caso.
El ex número 2 de Junqueras está investigado en la causa que sigue el juzgado número 13 de Barcelona por revelación de secretos oficiales, malversación y otros delitos en relación con la preparación del referéndum del 1 de octubre de 2017 que fue declarado inconstitucional.
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