Casi 6.000 aspirantes a ejercer su profesión, la abogacía, se presentaron el pasado 3 de marzo de este año en 9 sedes situadas en 8 Comunidades Autónomas diferentes a las pruebas de acceso o como se denomina formalmente la «prueba de evaluación de aptitud profesional», cumpliendo con la Ley 34/2006, de 30 de octubre.
Era la convocatoria correspondiente al 2018, competencia de los Ministerios de Justicia y de Educación que se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 1 de diciembre de 2017.
Y es que en los últimos ejercicios, lo habitual para dar tiempo a su tramitación, fue publicarla en los últimos días de noviembre y primeros días de diciembre .
Pues bien, a escasos 6 días hábiles para cerrar el 2018, el Consejo General de la Abogacía (CGAE) denunció este miércoles el «injustificado»retraso de la prueba correspondiente a la convocatoria de 2019 que debería tener lugar en torno al próximo mes de febrero y que, sin embargo, podría aplazarse a mayo o junio, ya que aún no se ha publicado la Orden en el BOE.
Esto deja en el limbo a miles de futuros abogados ya que el examen estatal de acceso a la abogacía es el último requisito que debe superar cualquier aspirante a ejercer, después de cursar un Grado en Derecho, un Máster de Acceso y las prácticas profesionales por un período de casi medio año.
El Pleno del CGAE manifestó públicamente que ese retraso «carece de la más mínima justificación», al igual que la disminución a 5 del número de sedes para la segunda prueba anual, «decidida de forma unilateral», dicen, por el departamento que dirige Dolores Delgado.
Entienden que esta decisión perjudica los derechos de los aspirantes a abogados «y crea una situación de vacío que afecta directamente a todos los operadores jurídicos».
Por ello insta a Justicia a que adopte las medidas materiales y de personal necesarias «para la puntual celebración de la prueba de acceso» y manifiesta su «total disposición» a continuar con la colaboración que ha venido prestando hasta ahora que califica de «estrecha», al igual que en los proyectos para la mejora de la prueba y su adaptación futura.
Al mismo tiempo, el CGAE se pone a disposición de todos los afectados, «al objeto de poder actuar conjuntamente en la búsqueda de soluciones al problema planteado”.
