El tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia de Córdoba ha condenado a una pena de 17 años de cárcel a Carmen B.R., la mujer de 50 años, acusada de asesinar a su pareja en una casa de la Plaza de la Fuenseca, de la capital cordobesa a mediados de 2016, aunque su cadáver no se localizó hasta febrero de 2017 tras ocultarlo bajo unos escombros en la vivienda, todo ello después de que el jurado emitiera un veredicto de culpabilidad.
El magistrado presidente del tribunal del jurado condena a la procesada, en su sentencia, por un delito de asesinato con la agravante de parentesco, al quedar probado que mantenía una relación sentimental con el fallecido. Sin embargo, aplica la atenuante de obcecación.
Asimismo, condena a la mujer a pagar a la madre del fallecido, Manuel C.P., 40.000 euros y 90.000 euros a cada uno de sus tres hijos, fruto de una relación anterior de pareja.
La mujer afirmó ante el jurado que «actuó en defensa propia» y que no tuvo intención de acabar con la vida del hombre, con el que convivía en un inmueble cedido por un amigo, pero que no era su pareja.
También aseguró que sufría maltrato por parte del fallecido.
En el veredicto del tribunal del jurado se dio por probado que en octubre de 2016 la mujer y su compañero, que compartían la vivienda desde hacía tiempo, «por causas que se desconocen mantuvieron un enfrentamiento, cuando el hombre se encontraba acostado en un colchón sobre el suelo».
En un momento dado, «la mujer cogió del habitáculo contiguo un cuchillo de unos 19 centímetros de hoja, se dirigió al hombre y le asestó varias puñaladas en abdomen y tórax», que la causaron la muerte.
El apuñalamiento, según se indica en la sentencia, se hizo «de manera sorpresiva», debido a su ofuscación por «el continuo maltrato y humillación que sufría de él».
Posteriormente, «envolvió el cuerpo» del hombre «en un edredón» y lo trasladó a la planta baja, que estaba semiderruida, y lo escondió bajo unos escombros.
El cuerpo permaneció en dicho lugar hasta que la Policía Nacional acudió a la casa para buscarlo tras presentar la madre del fallecido una denuncia de desaparición a finales de enero.
El cadáver estaba prácticamente momificado cuando lo encontraron los agentes.
La mujer está en prisión provisional desde entonces, cuando fue detenida por la Policía Nacional.
El fiscal en un principio solicitó 21 años de cárcel, que después rebajó a 18 años de prisión.
El abogado defensor de la mujer, Gabriel Campos, solicitó que se tuvieran en cuenta algunos atenuantes y se redujera la condena al mínimo posible, siete años.
La acusación particular reclamó 20 años de cárcel y variadas cantidades de indemnización para los familiares de la víctima.
