El caso parecía condenado archivo. Un joven apuñalado en la madrugada del 8 de junio de 2019 en Salceda de Caselas, Pontevedra. El autor, huido. Sin nombre. Sin paradero.
Solo quedaban una fotografía borrosa tomada aquella noche en un pub y una gota de sangre del asesino en el asfalto a 300 metros del charco donde Alfredo se desangró hasta morir.
Siete años después, esa fotografía, esa gota de sangre y tres conexiones de datos de un teléfono móvil han llevado a Erion, ciudadano albanés, ante el Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Pontevedra.
El veredicto: culpable de asesinato con alevosía, por unanimidad. La pena: veinte años de prisión.
El crimen y la fuga
Eran las 04:50 horas. Erion se encaró con Alfredo en la terraza de un bar por una copa derramada. La víctima se disculpó. No sirvió de nada. Ambos se alejaron hacia una calle próxima a la plaza del Ayuntamiento.
Allí, Erion sacó un arma blanca y apuñaló a Alfredo tres veces. La primera puñalada perforó el corazón del español. Herida mortal de necesidad.
Alfredo murió minutos después desplomado en el suelo. El agresor huyó, abandonó España y desapareció durante años.
La investigación inicial se archivó. El caso quedó sin resolver.
La fotografía y los testigos
En 2022, la Guardia Civil retomó la investigación. El agente instructor de las denominadas Diligencias Ampliatorias V partió de una imagen captada aquella noche por el fotógrafo del pub: un hombre de perfil, imagen de escasa calidad, que respondía a la descripción facilitada por los testigos.
Ese retrato fue cotejado con la reseña policial de una detención anterior de Erion, producida en 2018.
Dos expertos del SECRIM —el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil— realizaron el análisis de identificación facial y obtuvieron un reconocimiento positivo moderado.
Suficiente como indicio. No como prueba definitiva. Lo que consolidó la identificación fueron cinco testigos que aquella noche estaban en el pub o en sus inmediaciones y que reconocieron al acusado, algunos en sede policial y otros en el propio juicio oral.
La geolocalización: el móvil que situó al asesino en la escena
La segunda línea de investigación fue tecnológica. El agente instructor identificó, a través de la compañía Orange, el número de teléfono que en la época de los hechos pertenecía al encausado.
Con esa información, el Grupo de Apoyo Tecnológico Operativo de la UCO —la unidad de élite de investigación de la Guardia Civil— elaboró un informe de geolocalización diferida.
La técnica consiste en reconstruir la posición aproximada de un dispositivo móvil en un momento pasado a partir de los registros de conexión a las antenas de telefonía.
El teléfono de Erion realizó tres conexiones de datos en la madrugada del crimen: a las 6:14, a las 6:56 y a las 9:07 horas. Las tres bajo la misma antena.
Y esa antena cubría exactamente las calles donde se había producido el apuñalamiento, la ruta de huida y el lugar donde horas antes se había recogido una gota de sangre desconocida.
El dispositivo situaba al acusado en la escena, en las horas inmediatamente posteriores al asesinato.
El ADN, Prüm y el acuerdo post-Brexit
La prueba definitiva llegó del análisis genético. La mañana del crimen, la Guardia Civil recogió en el asfalto, a 300 metros del lugar del apuñalamiento, varias gotas de sangre.
Los biólogos del SECRIM extrajeron de una de ellas el perfil genético de un varón desconocido. No era la víctima. No era el primer sospechoso, descartado ese mismo día. Era otro hombre.
Ese perfil esperó en la base de datos durante cinco años.
Lo que hizo posible el match fue arquitectura jurídica. El Convenio de Prüm, firmado en 2005 e incorporado al derecho de la UE en 2008, permite cotejar perfiles genéticos de forma automatizada contra las bases de datos de otros países sin que los datos salgan de cada Estado: si hay coincidencia, el sistema avisa.
España lleva conectada desde 2007. El problema es que en enero de 2024, cuando Erion fue detenido en Reino Unido por un delito de agresión, ese país llevaba cuatro años fuera de la UE.
El Brexit lo había dejado fuera del espacio Prüm.
Pero el Acuerdo de Comercio y Cooperación UE-Reino Unido de diciembre de 2020 replicó esa misma lógica en sus artículos 527 y siguientes, manteniendo la transferencia automática de perfiles de ADN entre ambas partes.
Las autoridades británicas tomaron una muestra de su ADN y la cotejaron con los datos introducidos en el CODIS, la base de datos de perfiles genéticos española.
La coincidencia fue inmediata. El varón desconocido de la gota de sangre de Salceda era Erion.
Una vez extraditado a España, se obtuvo con autorización judicial una segunda muestra indubitada en el centro penitenciario. El resultado fue idéntico. La probabilidad estadística de que ese perfil genético perteneciera a otra persona resultó científicamente despreciable.
El veredicto
Esa cadena probatoria —fotografía, testigos, geolocalización del móvil, ADN— fue la que el jurado valoró durante su deliberación.
Nueve ciudadanos llegaron a un veredicto de culpabilidad por unanimidad en todos los hechos desfavorables al acusado, salvo el ensañamiento, que descartaron también por unanimidad por no considerar suficientemente acreditado que el agresor actuara con intención de prolongar el sufrimiento de la víctima.
La magistrada presidenta del tribunal del jurado en la Audiencia Provincial de A Coruña, María Belén Rubido de la Torre, constató en su sentencia –la 181/2026, de 6 de mayo– que la prueba había sido obtenida y practicada con plenas garantías constitucionales, que la cadena de custodia del ADN había sido respetada en todo momento y que la valoración del jurado respondía a criterios de lógica, experiencia y conocimiento científico.
Siete años. Una extradición. Veinte años de cárcel.
Erion fue condenado a 20 años de prisión tras un juicio que tuvo lugar entre el 27 y 29 de abril pasados. Tendrá que cumplirlos íntegramente en España. Si accede al tercer grado o a la libertad condicional, será expulsado del territorio nacional y no podrá regresar durante diez años.
Deberá indemnizar a los padres de Alfredo con 70.175 euros cada uno y a cada uno de sus tres hermanos con 24.836,07 euros.
La sentencia no es firme. Cabe recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. El condenado permanece en prisión preventiva.
Una copa derramada. Una disculpa ignorada. Una gota de sangre. Siete años de investigación. Y al final, la ciencia forense hizo lo que la fuga no pudo impedir.
