El director General de la Guardia Civil, Félix Azón, tomó medidas de inmediato contra el agente de la guardia civil que grabó el vídeo desde dentro de un vehículo escolta del furgón en el que se trasladaban a los presos catalanes desde Barcelona a Madrid.
Tras ver su difusión en redes sociales y localizar al agente, Azón decidió su suspensión cautelar y la apertura de un expediente disciplinario cuya instrucción ha correspondido a un oficial de la Guardia Civil.
Éste interrogará al agente suspendido cautelarmente para conocer las circunstancias en que se produjeron los hechos y cómo se distribuyó a través de las redes sociales.
La sanción será decidida -si procede-, en función de su gravedad, por el director general de la Guardia Civil o por el Ministerio de Defensa, al ser la Benemérita un cuerpo militar. El texto legal de referencia es la Ley Orgánica del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil de 2007.
El asunto ha «enervado» a los compañeros de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), que denuncian la «precipitada e irreflexiva decisión del director general, quien ordenó la incoación de un expediente por falta muy grave».
Una calificación, esta, que todavía no se ha realizado.
Se considera falta muy grave el «incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución en el ejercicio de sus funciones y la realización de actos irrespetuosos, así como la emisión pública de expresiones o manifestaciones contrariar al ordenamiento constitucional o al rey y a las demás instituciones por ellas reconocidas».
Según la AUGC, «esta situación sólo puede entenderse desde la priorización de intereses políticos, que deben ser ajenos a la gestión de las funciones de quien está al frente de la Guardia Civil».
EN EL REGLAMENTO DE LA GUARDIA CIVIL SE ESPECIFICA QUE «DEBERÁN PROCEDER SIN FALTA ALGUNA EN EL TRASLADO DE PRESOS, SOBRE TODO SI ESTÁN INMERSOS EN UN PROCESO JUDICIAL»
Fuentes oficiales de la Guardia Civil aseguran que el hecho de grabar un vídeo y difundirlo durante un traslado de presos, es algo que podría ser muy grave y, como tal, debe investigarse.
«Se hubiera actuado igual», aseguran desde la Dirección de la Guardia Civil, «fueran quienes fueran los presos trasladados. No tiene nada que ver la política».
Lo cierto es que, desde su fundación en 1846, la Benemérita tiene un área dedicada, exclusivamente, a regular cómo llevar a cabo estos traslados, máxime si están en un proceso judicial.
En su reglamento se indica que los agentes están obligados al «cumplimiento sagrado de sus obligaciones incluyendo la seguridad de los presos en el traslado, la obligación y humanidad con que deben ser tratados o cualquier otro requisito necesario para garantizar que serán conducidos sin falta alguna, libres de insultos y de las tropelías que a veces suelen cometerse con ellos.»
EL GUARDIA CIVIL SUSPENDIDO RECONOCE QUE ÉL LO GRABÓ, PERO NO LO DIFUNDIÓ
El agente investigado, miembro de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) de la GC, ha comunicado su agradecimiento a compañeros y particulares por los apoyos recibidos, al tiempo que manifiesta que el vídeo «puede ser o no, desafortunado, pero en ningún momento se hizo con ánimo de difamar o menospreciar a nadie».
Este agente asegura que no estaba en su intención la difusión del mismo.
«Es un vídeo que debía ser para visualizar entre los profesionales de la materia y que, sin buscarlo, se hizo viral. Me hago responsable de su grabación pero no de su difusión».
LOS PRESOS «APROVECHAN» EL FAMOSO VÍDEO PARA PEDIR SU LIBERTAD PROVISIONAL
Mientras, el expresidente de la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC), Jordi Sánchez y los exconsejeros de la Generalitat, Jordi Turull y Josep Rull, piden nuevamente su libertad provisional para evitar » sufrir futuras humillaciones de los agentes policiales» en sus traslados al Supremo durante el juicio.
Jordi Pina, abogado de los tres, ha remitido un escrito al Alto Tribunal denunciando la «actuación abiertamente irregular»que mantuvieron «uno o varios agentes de la Guardia Civil»cuando les trasladaron desde la prisión de Lledoners (Barcelona) al centro penitenciario de Soto del Real en Madrid.
«Los medios de comunicación han recogido un vídeo difundido en las redes sociales donde se escuchan las «risas de mofa» de los agentes», dice Pina en su escrito.
«Es evidente», continúa el abogado, «que los agentes no pueden captar imágenes de aquellas actuaciones en las que intervienen, ni en general, realizar comportamientos de vejación para cualquier ciudadano».
Aprovechando «la coyuntura», los acusados por el delito de rebelión han solicitado al Tribunal Supremo que les ponga en libertad provisional para evitar sufrir nuevas conductas «humillantes».
TURULL, RULL Y SÁNCHEZ CONSIDERAN QUE «SERÁN HUMILLADOS» EN SUS TRASLADOS AL SUPREMO DURANTE EL JUICIO
Este hecho se suma a la forma en que, según ellos, fueron trasladados hasta Madrid en el furgón policial: «encerrados en compartimentos muy reducidos», condiciones dicen «más propias de reclusos de alta peligrosidad que no de pacíficos parlamentarios que siempre han comparecido a los llamamientos judiciales».
Pina recuerda que fueron «esposados en el interior de los furgones policiales sin disponer de cinturones de seguridad, recibiendo por ello diversos golpes a lo largo del trayecto».
Por todo ello, la defensa de los exconsejeros, que se enfrentan a penas de 16 años de prisión por rebelión y malversación, y del expresidente de la ANC, al que la Fiscalía pide 17 años de cárcel, solicita a los magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que se impongan medidas cautelares «menos gravosas» y «distintas de la prisión provisional», si no encuentran la forma de garantizar el «respeto a la dignidad de los acusados por parte de los cuerpos policiales» durante las «conducciones diarias por carretera» que van a tener lugar mientras el juicio se esté celebrando.
