Lo hicieron de forma especial los abogados Andreu Van den Ende, representante de Oriol Junqueras y de Raül Romeva, y Jordi Pina, letrado de Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez.
Solicitaron la impugnación de la instrucción llevada a cabo por el desaparecido titular del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, durante el turno de cuestiones previas de las defensas de los encausados.
Van den Eynde calificó dicha instrucción como «la causa madre».
Y no le faltaba razón.
Porque la instrucción tuvo su origen en la investigación de las declaraciones del entonces senador -y magistrado suspendido-, Santiago Vidal, realizadas el 24 de noviembre de 2016 en el Museu de Granollers.
En las mismas explicó que el gobierno autonómico había obtenido de forma ilegal los datos fiscales de los catalanes para crear una Hacienda propia.
“En este momento, el Govern de la Generalitat Catalana tiene todos vuestros datos fiscales. ¿Eso es legal? Pues no, porque eso está protegido por la Ley de Protección Bases de Datos del Gobierno español”.
Y a continuación, añadió: “Tontos no somos, ya sabemos que no nos lo facilitarán de manera voluntaria. Y eso sirve para el censo electoral y sirve para tantas y tantas cosas”.
Aquellas declaraciones tuvieron dos efectos directos.
Uno, Vidal se vio obligado a presentar su renuncia al escaño de ERC por el Senado.
LA INSTRUCCIÓN DE RAMÍREZ SUNYER DESCUBRIÓ EL PLAN SECRETO PARA LA INDEPENDENCIA
Y dos, dieron pie a una denuncia, por parte de un ciudadano, que cayó en el Instrucción 13 de Barcelona, del que entonces era titular el magistrado Juan Antonio Ramírez Sunyer, a la que siguieron después sendas querellas, una de VOX y otra del abogado Miguel Durán, que fueron la base de las investigaciones que culminaron con la instrucción de la causa del «procés» y el procesamiento de los 12 encausados en este juicio.
Durante los registros llevados a cabo en 40 domicilios y despachos por orden del magistrado Ramírez Sunyer, la Policía Judicial de la Guardia Civil halló, en el domicilio de Josep Maria Jové, mano derecha de Junqueras, el documento “Enfocats”, el plan secreto de los separatistas para conseguir la independencia, y una agenda Moleskine con las reuniones llevadas a cabo por todos los implicados en esa conspiración desde, al menos, 2014.
La instrucción de Ramírez Sunyer, sin duda alguna, es la llave de las acusaciones contra todos los procesados en el Tribunal Supremo y también en la Audiencia Nacional.
UNA INSTRUCCIÓN SIN JUSTIFICACIÓN, SEGÚN VAN DEN EYNDE
De acuerdo con el abogado, Ramírez Sunyer amplió «sin justificación» esa instrucción a los hechos sucedidos como consecuencia de la aprobación de las llamadas «leyes de desconexión», aprobadas por el parlamento catalán el 6 y el 7 de septiembre de 2017 -la llamada ley de transitoriedad y la ley de referéndum-, pese a que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña afirmase que no veía dichas conductas penales.
Esa expresión, «sin justificación», apunta a la doctrina del fruto del árbol envenenado: todo aquello que se consiga de forma ilegal se convierte en nulo para la causa.
Pina, por su parte, también cargó contra Ramírez Sunyer a través de la carta que el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, dirigió al magistrado fallecido en la que afirmaba que era un «héroe nacional» porque había «cambiado el rumbo de España».
«Son magistrados, no héroes nacionales», recordó el abogado, ironizando que esta afirmación hace pensar que los magistrados del alto tribunal están para «mantener la unidad de España».
«Hagan de jueces, no de salvadores de la patria», exigió.
QUE DECLAREN FELIPE VI Y PUIGDEMONT
El abogado Pina, por otro lado, solicitó al tribunal de la causa que reconsiderara todas las pruebas que le han sido denegadas como la declaración como testigos del Rey Felipe VI y del fugado Carles Puigdemont.
«Sería interesante para este proceso escuchar lo que pueda decirnos el Rey de España», indicó.
Para después lamentar que el tribunal haya denegado la comparecencia vía videoconferencia por estar procesado y declarado en rebeldía.
