Según ha informado la asociación ‘El Defensor del Paciente’, la Audiencia ratifica así la condena dictada en la primavera de 2018 por el Juzgado de lo Penal número 1 de León. Según el juzgado, la doctora incurrió en un delito de homicidio por imprudencia profesional, cometida cuando era MIR de primer año.
La paciente fallecida, tenía antecedentes de accidente isquémico, y acudió al Servicio de Urgencias en febrero de 2011 tras sufrir un síncope mientras realizaba la compra. En ese momento, la derivaron a su domicilio con la cautela de volver a urgencias en caso de encontrarse mal.
Días después, la paciente sufrió pérdida de fuerza en el lado izquierdo y no era capaz de caminar, por lo que fue visitada en el domicilio por su médico de cabecera.
Este anotó sobre el informe de urgencias del día 11 de febrero (momento en el que la paciente sufre síncope) sus sospechas ante un posible ictus, por lo que la derivó al Hospital y avisó al Servicio 112 para su traslado. A su llegada a Urgencias, la paciente fue atendida por la hoy condenada.
La doctora no valoró los datos previos
A pesar de contar con el informe de urgencias del 11 de febrero, en el que se incluían los antecedentes de la paciente, así como la nota del médico de cabecera manuscrita sobre dicho informe, y el informe del Servicio 112, en el que constaba como causa de traslado «posible accidente isquémico-vascular», y a pesar de las advertencias de las hijas de la paciente de dichos antecedentes, la doctora no valoró en absoluto tales datos y tras realizar una analítica y rayos X simple de rodilla, diagnosticó «artrosis de rodilla», al confundir la imposibilidad de caminar de la paciente con un dolor mecánico.
La residente no recabó la asistencia de su adjunta, como era obligado, por lo que su exploración y posterior diagnóstico no fue refrendado por ningún médico con mayor experiencia, según advierte el fallo. La paciente falleció el 22 de febrero tras sufrir un derrame cerebral masivo, producto de diferentes focos hemorrágicos que evidenciaban una evolución en días previos.
No efectuó las pruebas pertinentes
Por tanto, la condena a la acusada se basa principalmente en que no efectuó las pruebas que los datos disponibles imponían. Además, se añade que debió recabar la ayuda de su adjunta, lo que «hubiera evidenciado la presencia de un accidente isquémico-vascular en tiempo precoz» para evitar su progresión y, con ello, el fallecimiento de la paciente.
En el escrito de ‘El Defensor del Paciente’, se añade que»fue una grave imprudencia, caracterizada por las notas de dejación, abandono, negligencia y descuido en la atención a la paciente, con omisión de las precauciones y cautelas más elementales, imperdonables e indiscutibles a un profesional de la medicina».
Así, se mantiene la condena de un año de prisión y tres de inhabilitación para el ejercicio de su profesión. La aseguradora de la médico, unos días antes de la celebración de juicio el pasado mes de abril, ya indemnizó a las hijas de la paciente con 200.000 euros.
