La Generalitat de Cataluña quería obtener los datos de cotización de los pensionistas que tiene la Tesorería General de la Seguridad Social a través de las entidades financieras, según consta en un informe de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso Europa Press, y que se ha aportado recientemente al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que investiga el ‘procés’.
En los planes que estaba ideando el Gobierno de Puigdemont y en concreto, la vicepresidencia de la Generalitat dirigida por Oriol Junqueras, para crear las estructuras de Estado necesarias para la futura República estaba la necesidad de recaudar los ingresos necesarios para cubrir las prestaciones sociales, entre ellos, las pensiones.
De hecho, esta es una de las cuestiones que está recogida en un pendrive que incautó la Guardia Civil al secretario de Hacienda, Josep Lluís Salvadó, dentro del plan para crear la Administración Tributaria de Cataluña.
Se cuantificaron los recursos económicos para financiar las prestaciones sociales
En estos planes se cuantificaron los recursos económicos necesarios para poder llevar a cabo la recaudación de los ingresos para financiar las prestaciones sociales, que, en principio, se atribuía a la ATC (Agencia Tributaria Catalana). Según un cuadro que aportan los investigadores, se establecieron tres posibles modelos. El primero costaría 54 millones de euros; el segundo, 66 millones y el tercero, 144 millones de euros.
Pero uno de los problemas con los que se encontraban en la obtención de los datos de cotización de que dispone la Tesorería General de la Seguridad Social, pero que no tiene la Generalitat. El objetivo era lograr esos datos.
Y una de las propuestas para ello la encontró la Guardia Civil en la documentación en soporte papel que le fue intervenida al director de Patrimonio de la Generalitat de Cataluña, Francesc Sutrias, dependiente de la vicepresidencia que dirigía Oriol Junqueras.
Se buscaban fórmulas de colaboración con los bancos
En ese documento hablaba de diseñar una estrategia dirigida a obtener la última nómina de pensiones y prestaciones sociales pagadas por la Seguridad Social española. Una de las opciones que barajaban para disponer de esa información era buscar «fórmulas de colaboración con las entidades financieras pues éstas disponen de esa información».
Según la Guardia Civil, la Agencia Catalana de Protección Social, que aprobó el Parlamento catalán, de 20 de septiembre de 2017, era considerada por los ideólogos otra de las leyes de desconexión y sería ésta la que se encargaría de las funciones de la Seguridad Social. Esa ley fue recurrida al Tribunal Constitucional promovida por el Gobierno de Mariano Rajoy.
También se estableció que «disponían de la infraestructura técnica para asegurar la calidad de la información fiscal y para almacenar la base de datos fiscales y planteaban diseñar la estrategia para obtener datos tributarios», según precisa el informe policial. EP.
