Justo cuando se cumple un año desde el momento en que la contratación pública pasó a ser electrónica de forma obligatoria con la entrada en vigor de la nueva Ley de contratos del sector público, llega el IV Congreso Nacional de Contratación Pública Electrónica (IVCNCE’19).
Un encuentro que tendrá lugar en FIBES, el Palacio de Congresos de Sevilla, el próximo jueves 21 de marzo. Se trata de un evento anual, organizado por eVA, la European Vortal Adademy, y Club de Innovación, en el que se reunirán más de 30 expertos de la administración, y donde tendrán lugar 10 mesas de debate, ponencias, coloquios y conferencias.
Entre los ponentes del Congreso, grandes expertos nacionales e internacionales de la contratación pública electrónica como José María Gimeno Feliú, Catedrático de derecho administrativo de la Universidad de Zaragoza y Director del Observatorio de Contratación Pública, José Luis Arístegui, Director General de VORTAL España y miembro de la Comisión de la Agenda Digital.
José Luis Arístegui, asegura que «con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla, la idea es hacer un congreso muy técnico, los mayores expertos en contratación pública electrónica puedan aconsejar a aquellos funcionarios y políticos que todavía no lo han implementado. Para que les sirva de guía».
Añade que «a día de hoy, apenas el 50% de las licitaciones se hacen por medios electrónicos. Deberían ser todas así por ley».
Pese a que la ley que obliga a la contratación electrónica lleva ya en marcha un año, apenas el 52% de los contratos se tramitan por medios electrónicos.
La contratación pública representa el 19% del PIB a nivel nacional (alrededor de 200.000 millones €)
Por esta razón, este simposio tiene como objetivo subrayar en profundidad, a través de especialistas en la materia y con ejemplos de diferentes administraciones que ya hacen uso de la contratación electrónica, cuáles son los pasos que se han dado y cuáles son las herramientas para enfrentar las exigencias de la nueva Ley de Contratos del Sector Público.
Arístegui lamenta que «no existe un plan nacional para esto. El Ministerio de Hacienda no ha liderado la implantación de esto como sí ha pasado en otros países, donde los distintos responsables públicos han implementado este modelo. Es uno de los principales obstáculos en los que insisten las administraciones públicas».
«Se les exige un mayor reporte en cuanto a cargas administrativas con la nueva ley y no se le dotan de los medios necesarios para poder hacerlo. Estamos hablando de que supone miles de millones de euros en cuanto a gasto anual. Cualquier mejora que hagamos bienvenida sea».
Opina también que «cada uno hace la guerra por su lado, nos estamos perdiendo muchas cosas. A las empresas les estamos obligando a darse de alta en distintas plataformas y eso no les favorece nada».
El uso de la contratación pública electrónica conlleva un ahorro administrativo de hasta un 20%
El experto cree que «se está intentando inventar la rueda, en el sector privado apostamos del 2009 al 2012 por realizar inversiones importantes en plataformas de contratación electrónica. A día de hoy licitación electrónica es un término muy conocido, pero en 2010 no lo era. Estamos realmente preocupados por esta imposición de las plataformas públicas».
En el congreso también estarán José Antonio Moreno Molina, Codirector Observatorio de Contratación Pública; Luis Valadares, miembro del Grupo de Expertos de Contratación Electrónica de la Comisión Europea; Jaime Pintos Santiago, Director Académico de la European VORTAL Academy para España.
Y por último, Luis Alegre Espert, Director de Sanidad VORTAL o Víctor Almonacid Lamelas Secretario General Técnico del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, entre otros.
Pesimismo a corto plazo
Arístegui asegura que «desgraciadamente no soy muy optimista en cuanto al futuro inmediato de la regulación en la contratación electrónica en España».
«Llevamos muchos años advirtiendo que esto iba a llegar. Llegó el 2014 con las directivas comunitarias, se daba un plazo de dos años y nosotros no la tuvimos hasta el 2107 y el escenario es poco optimista. Veo además muy pocos medios para llevar a cabo la implementación de la ley».
Por último, señala que «hay un desborde absoluto en las administraciones públicas, y tampoco ayuda las distintas interpretaciones que se están haciendo desde los tribunales de contratos, haciendo dictámenes a veces que son diferentes. La perspectiva que tengo a corto plazo es mala».
