Imagen de los Juzgados de Martorell, Barcelona, situados en los pisos bajos de un edificio de viviendas.
Juezas y jueces para la democracia insta al Departamento de Justicia a una reparación inmediata de las instalaciones en los Juzgados de Martorell
El informe de 22 de febrero de 2019 de los bomberos concluye con la existencia de un “riesgo potencial para los trabajadores”
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28/3/2019 17:28
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Actualizado: 28/3/2019 22:07
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Este miércoles la Comisión Permanente del CGPJ acordó la inmediata suspensión de la actividad de los jueces destinados en los Juzgados de
Primera Instancia e Instrucción 1 y 5 de Martorell, así como la suspensión de dicha actividad el 30 de abril de 2019 respecto del resto de jueces de la citada
localidad en el supuesto de que, por el Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña, no se solucionen las graves deficiencias existentes
en dicha sede judicial.
Los distintos informes elaborados por las autoridades competentes relatan una situación de extrema gravedad. Las deficiencias de las instalaciones afectan a
aspectos tan básicos como la propia estructura del edificio (filtraciones de agua con desprendimientos de placas del falso techo, forjados al descubierto, vigas apuntaladas), elementos esenciales para la seguridad (salidas de emergencia tapiadas, no señalizadas, detectores de humo fuera de funcionamiento, ausencia de extintores) e incluso riesgo eléctrico (filtraciones de agua que afectan a instalaciones eléctricas y sobrecarga de las instalaciones).
EL CGPJ REQUIERE A LA CONSEJERA DE JUSTICIA QUE LE INFORME CUANTO ANTES
La Permanente también requiere al Departamento de Justicia de la Generalitat, que dirige la exdiputada de ERC Ester Capella i Farré, para que le informe a la mayor brevedad sobre las medidas que tienen que adoptar para solucionar las deficiencias puestas de manifiesto por la Inspección de Trabajo.
El acuerdo ha sido comunicado a la Comisión Nacional de Seguridad y Salud de la Carrera Judicial, a la Fiscalía General del Estado, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, al presidente y a la Sala de Gobierno del TSJCat, al fiscal superior de Cataluña y a la decana de los Juzgados de Martorell.
La medida será de prevención de riesgos en relación con los jueces que sirven en él, “sin perjuicio de las responsabilidades que resulten por el mantenimiento de la situación de riesgo para los trabajadores y el público”.
Dicho escenario, conocido por el Departamento de Justicia como titular de la instalación y responsable de la misma, objetiva una situación de «notorio riesgo» para la seguridad tanto del personal que sirve en los Juzgados afectados como para los ciudadanos que acuden a los mismos.
El propio informe de 22 de febrero de 2019 de la Regió d´Emergències Metropolitana Sud de los bomberos concluye con la existencia de un “riesgo potencial para los trabajadores”, sin que hasta el momento se hayan subsanado las deficiencias observadas.
«Correspondiendo al CGPJ de forma exclusiva las competencias en materia de seguridad y salud de los miembros de la Carrera Judicial, las AAJJ firmantes aplauden la decisión adoptada en el día de ayer por su Comisión Permanente», según la asociación.
El servicio público esencial que supone la Administración de Justicia exige la dotación de unos medios materiales mínimos y adecuados a su fin por la Administración Pública competente. Y ello para evitar que el riesgo potencial para la seguridad de trabajadores y ciudadanos que hoy de forma notoria existe se convierta en una desgracia de futuro.
Por ello, más allá la previsión de un nuevo edificio previsto en el partido judicial de Martorell para el año 2024, Juezas y jueces para la democracia insta al Departamento de Justicia una inmediata solución de las deficiencias señaladas que, en caso de no asumir sus competencias, supondrán la suspensión de la actividad judicial en dicha localidad.
UN ESTADO DE DEFICIENCIA GRAVE E INTOLERABLE
La incidencia ha acabado por revelar “un estado de deficiencia grave e intolerable que afecta a los edificios de todos los Juzgados del Partido Judicial”, según concluye la Comisión Permanente, después de estudiar varios informes, uno de ellos realizado por los equipos de prevención de riesgos laborales del CGPJ.
El de esta última “enumera una lista anormalmente larga de múltiples deficiencias que suponen infracciones reiteradas de las exigencias del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo”.
Este incluye incumplimientos múltiples y sistemáticos en materia de evacuación de edificios en caso de incendio y de prevención de incendios y mal estado de la instalación eléctrica.
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