Por primera vez en la historia, el CGPJ da 34 días a la Generalitat para reparar y acondicionar los Juzgados de Martorell, Barcelona
Imagen de los Juzgados de Martorell, Barcelona, situados en los pisos bajos de un edificio de viviendas.

Por primera vez en la historia, el CGPJ da 34 días a la Generalitat para reparar y acondicionar los Juzgados de Martorell, Barcelona

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28/3/2019 06:15
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Actualizado: 27/3/2019 20:21
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La Comisión Permanente del CGPJ acordó ayer comunicar (que no es una comunicación sino una advertencia seria en toda regla) a la Generalitat de Cataluña que si el próximo 30 de abril no se han solucionado las incidencias que afectan a las 7 sedes de los Juzgados de Martorell (Barcelona) “se dispondrá la suspensión de la actividad judicial”.

En ese caso paralizaría la actividad judicial y dispondría «el no acceso de los jueces, únicas personas a las que en este ámbito puede referirse este Consejo, a los Juzgados de Martorell y hasta en tanto no se solucionen las incidencias o se proporcionen unas instalaciones adecuadas”.

Traducido: que si no reparan y acondicionan, como es debido dichos Juzgados, dicha decisión será obedecida por los 7 magistrados.

El resto del personal, funcionarios dependientes de la Generalitat, los letrados de la Administración de Justicia, quienes, a su vez, operan bajo la autoridad del Ministerio de Justicia, o fiscales, en principio seguirán «funcionando», a no ser que sus autoridades decidan en contrario.

Así de simple.

Porque los Juzgados de Martorell son más propios de un país tercermundista que de una Comunidad Autónoma moderna, como se supone que es la de Cataluña. Su estado evidencia una falta de interés evidente por parte de la Generalitat y de su Departamento de Justicia, de quienes depende de forma obligada su mantenimiento tras recibir las transferencias del Ministerio de Justicia 

EL CGPJ REQUIERE A LA CONSEJERA DE JUSTICIA QUE LE INFORME CUANTO ANTES

La Permanente también requiere al Departamento de Justicia de la Generalitat, que dirige la exdiputada de ERC Ester Capella i Farré, para que le informe a la mayor brevedad sobre las medidas que tienen que adoptar para solucionar las deficiencias puestas de manifiesto por la Inspección de Trabajo.

El acuerdo ha sido comunicado a la Comisión Nacional de Seguridad y Salud de la Carrera Judicial, a la Fiscalía General del Estado, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, al presidente y a la Sala de Gobierno del TSJCat, al fiscal superior de Cataluña y a la decana de los Juzgados de Martorell.

La medida será de prevención de riesgos en relación con los jueces que sirven en él, “sin perjuicio de las responsabilidades que resulten por el mantenimiento de la situación de riesgo para los trabajadores y el público”.

AGUAS FECALES, TECHOS QUE SE CAEN, UN DESASTRE

Fueron los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción 1 y 6 de Martorell, Barcelona, los que llamaron la atención el pasado mes de febrero.

Situados en la planta baja de un edificio de viviendas, ambos están muy sucios, los pasillos están llenos de expedientes apilados, no hay espacio entre las mesas, los lienzos de forjado están apuntalados, por lo que hay riesgo de que se caigan, los detectores de humo no funcionan y las ventanas están enrejadas. En el caso del Juzgado 6 la puerta de evacuación está tapiada.

Además se pudo constatar, los días 16 y 17 de febrero, una filtración de agua en el edificio, proveniente de dos rupturas de tuberías, una de ellas de aguas fecales, por lo que el olor a inmundicia fue insoportable.

A consecuencia de ello, se produjo la caída de unos falsos techos sobre el mobiliario de los puestos de trabajo de varios funcionarios, provocando la interrupción de la actividad en dichos Juzgados.

El pasado 18 de febrero, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat), Jesús María Barrientos, ordenó paralizar toda la actividad de las dos Juzgados -cuyo mantenimiento corresponde al Departamento (Consejería) de Justicia de la Generalitat- y apeló al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que interviniera. 

UN ESTADO DE DEFICIENCIA GRAVE E INTOLERABLE

La incidencia ha acabado por revelar “un estado de deficiencia grave e intolerable que afecta a los edificios de todos los Juzgados del Partido Judicial”, según concluye la Comisión Permanente, después de estudiar varios informes, uno de ellos realizado por los equipos de prevención de riesgos laborales del CGPJ.

También el Departamento de Justicia de la Generalitat, el jefe de operaciones de la Región de Emergencias Metropolitanas Sur de la Generalitat (Bomberos) y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Cataluña, aportaron los suyos al órgano de gobierno de los jueces.

El de esta última “enumera una lista anormalmente larga de múltiples deficiencias que suponen infracciones reiteradas de las exigencias del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones  mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo”.

Este incluye incumplimientos múltiples y sistemáticos en materia de evacuación de edificios en caso de incendio y de prevención de incendios y mal estado de la instalación eléctrica.

“El estado de los edificios no solo supone un incumplimiento grave y sistemático de prácticamente cualquier exigencia de un centro de trabajo, sino que algunas de las deficiencias e incumplimientos” puede ser evaluado “como un riesgo para la seguridad de las personas en sus aspectos más elementales”, afirma la Comisión Permanente.

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