La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), ha exigido a la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid un refuerzo de personal funcionario en los juzgados de lo penal de Madrid que también llevan asuntos de Violencia sobre la Mujer (Juzgados de lo Penal 33, 34, 35, 36 y 37) y las secciones 26 y 27 de la Audiencia Provincial, como consecuencia del exceso de carga de trabajo.
Los representantes sindicales de CSIF afirman que «la situación insostenible de estas secciones por el exceso de carga de trabajo que está soportando el personal funcionario, plantilla que en los últimos años no se ha revisado ni adaptado al incremento de entrada de asuntos».
Estas deficiencias en materia de plantilla son, según ellos, «aún más patentes si tenemos en cuenta que el refuerzo de jueces no ha ido acompañado de más funcionarios de la Administración de Justicia, lo que provoca más incremento de trabajo que deben absorber unas plantillas ya sobrecargadas».
LA CONSEJERÍA CONTESTA
Fuentes de la Consejería de Justicia aseguran que «se garantiza el apoyo de asistencia las víctimas de violencia de género. La prioridad se refleja en materia de recursos humanos. En los 23 juzgados específicos que hay en la Comunidad de Madrid, las vacantes se cumplen de manera inmediata«.
Señalan que «son los que tienen más carga de trabajo, para eso tienen mecanismos de compensación horario. Pero lo que están pidiendo es dinero».
La entrada de nuevos procedimientos y trámites derivados de las últimas reformas legales está experimentando en los últimos años un incremento significativo de asuntos que está produciendo un agravamiento de la situación.
Aumento que se refleja en la estadística del Consejo General del Poder Judicial publicada en marzo de 2018, que revelaba un aumento del 16,4% del número de denuncias presentadas y un 3,4% más de órdenes de protección.
«La Administración autonómica debe tener en cuenta la importancia de la materia que se tramita en estos juzgados, lo que requiere una mayor especialización que debe fomentarse, y supone un plus de presión y exigencia a los empleados públicos que debe ser debidamente reconocido y valorado«, señalan.
Los juzgados de violencia sobre la mujer son los que hacen la instrucción, adoptan medidas cautelares y tramitan la denuncia. Desde la Consejería de Justicia señalan que «ya tienen una plantilla que está por encima de la media, y en el caso de la Audiencia Provincial tienen 16 funcionarios en plantilla frente a los 14 que por ejemplo tienen las secciones de lo civil».
FUGA DE PERSONAL
La fuga continuada de personal, «que no ve recompensada su especialización y dedicación», está a la orden del día, según CSIF, y consideran que está perjudicando el servicio público proporcionado a las mujeres víctimas de violencia de género y a la sociedad madrileña.
El 10 de enero de 2007 se firmó un acuerdo sectorial relativo a los juzgados de Violencia de género, donde se adoptaban medidas encaminadas a mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios que prestan sus servicios en juzgados de Violencia sobre la mujer.
Situación que se deriva de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género.
El mencionado acuerdo establecía, entre otras, la consolidación en el complemento específico de los funcionarios destinados en los juzgados de violencia sobre la mujer, de una cuantía que actualmente asciende a 209,81€ mensuales.
«Mejoras que no se recogieron para el personal destinado en los juzgados de lo penal y las secciones de la Audiencia Provincial que conocen de la misma materia, y que no perciben ninguna compensación», apuntan.
Por otro lado, los juzgados de Violencia sobre la mujer de los distintos partidos judiciales de la periferia experimentaron en 2017, según la memoria del TSJ, un aumento significativo de procedimientos penales.
Valdemoro estaría a la cabeza con un 150% más, seguido por Alcobendas con un 77,7% más, Torrejón (67,4%), San Lorenzo de El Escorial (49%), Coslada (46%) y Aranjuez (22,7%), elevándose la pendencia de asuntos penales en los partidos judiciales de Fuenlabrada 79,1%, Getafe 31,8% y Leganés 20,2%.
Según CSIF, la Consejería de Justicia les ha empeorado las condiciones laborales al no retribuirles las horas que deben realizar después de la jornada laboral ordinaria.
Por ello, solicitan a la Consejería de Justicia la convocatoria de Mesa Sectorial para la negociación del incremento del complemento transitorio correspondiente a la materia de violencia sobre la mujer para los funcionarios de la Administración de Justicia destinados en los cinco juzgados de lo penal y secciones de la Audiencia Provincial de Violencia sobre la mujer de Madrid.
