El magistrado instructor de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), Ángel Aznárez Rubio, mantiene la condición de investigada a la diputada regional del PSOE y exalcaldesa de Llanes (Asturias), Dolores Álvarez Campillo, por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa por la contratación de un arquitecto.
El magistrado ha transformado las diligencias previas en procedimiento abreviado por si los hechos imputados a la diputada regional, junto a los de otros dos investigados, el secretario del Ayuntamiento de Llanes, Santiago Fernández Molpeceres, y el interventor del mismo consistorio, Gregorio García Arranz, fueran constitutivos de un presunto delito de prevaricación administrativa, en grado de autora en la persona de Campillo y los otros dos, autores, pero en la modalidad de cooperadores necesarios
El juez ha dictado el sobreseimiento parcial y provisional para el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento, J.H.M., y la concejal de Economía y Hacienda E.M.P., que habían declarado con investigados.
El auto no es firme y puede ser recurrido.
El magistrado ha dado traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a la acusación particular para que en el plazo de 10 días soliciten la apertura de juicio oral, formulando escrito de acusación contra las tres investigados o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.
El actual alcalde de Llanes, Enrique Riestra Rozas (Vecinos por Llanes), denunció en octubre de 2016 ante el Juzgado de Llanes a Dolores Álvarez Campillo, al secretario municipal Santiago Fernández Molpeceres y al interventor Gregorio García Arranz.
Al estar aforada Campillo por su condición de diputada, el juzgado aceptó inhibirse a favor del TSJA.
La instrucción del procedimiento pasó en enero a manos del magistrado Ángel Aznárez.
La presunta prevaricación administrativa objeto de la instrucción estaría relacionada, según la denuncia, con la contratación por parte del Ayuntamiento de un arquitecto, Javier Fonbella, mediante contratos administrativos de servicios de corta duración que se habrían prolongado de 2006 a 2015.
Para el juez instructor, «los hechos expuestos son subsumibles o constitutivos de un delito continuado de prevaricación administrativa, previsto y penado en el artículo 404 del Código Penal».
Fernández y García prestaron declaración como investigados ante la magistrada titular del Ayuntamiento de Llanes en junio del año pasado y el pasado enero, respectivamente.
Asimismo, la magistrada de Llanes tomó declaración como investigados el pasado 17 de enero al concejal de Urbanismo del Ayuntamiento y a la concejala de Economía y Hacienda.
La exalcaldesa declaró el 18 de enero ante el juez Aznárez. Estaba citada para el día 13, pero el magistrado la aplazó para que las partes pudieran visionar la declaración que Álvarez Campillo realizó cuando era alcaldesa ante el magistrado de la Sala de lo Civil y Penal, José Ignacio Pérez Villamil durante la instrucción del ‘Caso Kaype’, por si pudiese ser relevante para la causa actual.
En ese procedimiento se analizaban presuntas irregularidades en la ampliación del hotel Kaype, ubicado en la playa de Barro.
