Los abogados de las víctimas del exprofesor de Maristas Joaquín Benítez, condenado por la Audiencia Provincial de Barcelona a 21 años y nueve meses de cárcel por abuso sexual, han asegurado tras conocerse la sentencia que instarán a que ingrese en prisión de forma inmediata.
Así, han anunciado que solicitarán la ejecución inmediata de la sentencia, en base a que se trata de pena es «muy elevada», ha dicho a los medios la abogada Ester García.
García, que representa al hijo de Manuel Barbero, ha puntualizado que en el caso de que Benítez recurra la sentencia, instarán a que, hasta que sea firme, ingrese en prisión provisional.
Por ello, pedirán la celebración de una comparecencia de medidas cautelares, ha puntualizado la abogada Judit Serra, que ha añadido: «Entendemos que hay motivos suficientes para que ingrese automáticamente en prisión».
La sentencia, firmada por los magistrados Eduardo Navarro Blasco, Mónica Aguilar Romo y María Isabel Delgado Pérez, del tribunal de la Sección 21 de la Audiencia, le ha impuesto, además, una indemnización total para las cuatro víctimas de 120.000 euros.
A esto habría que sumarle una inhabilitación para ejercicio de la profesión docente de 13 años y ocho meses, y una orden de alejamiento y la prohibición de comunicación con las víctimas.
La abogada Ester García ha destacado que creen que existe riesgo de fuga porque la pena es muy elevada y porque Benítez ya les dijo, al negarse a pactar con las acusaciones para evitar el juicio, que «no estaba preparado para entrar en prisión».
Han recordado que durante el procedimiento las acusaciones particulares han solicitado la medida de prisión preventiva en varias ocasiones y se les ha denegado siempre:
«Entendemos que a día de hoy han cambiado las circunstancias»
Los abogados han destacado que la sentencia es ejemplar al haber tratado con mucha sensibilidad a las víctimas y dándoles total credibilidad tras el «infierno» que han sufrido.
En un primer momento, la Fiscalía pedía 22 años de cárcel para Benítez por dos delitos de abuso sexual continuado y dos de abuso sexual, y 14 de inhabilitación, mientras que la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona pidieron 35 y 26 años de prisión, respectivamente.
El abogado Iván Fernández ha explicado que la sentencia, que condena a la Fundación Champagnat como responsable civil subsidiaria, da «más argumentos» a las víctimas que se quedaron fuera del procedimiento penal por prescripción para que puedan reclamar por la vía civil y así ser indemnizadas.
