El presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Luis María Díez-Picazo, junto a cuatro de los seis miembros que componen la Sección Cuarta de esa Sala –Jorge Rodríguez-Zapata Pérez (presidente de la misma), Pablo María Lucas Murillo de la Cueva, Celsa Pico Lorenzo y José Luis Requero Ibáñez– serán los que tomen la decisión final sobre si los prófugos Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsati, pueden presentarse como candidatos al Parlamento Europeo en las elecciones del próximo 26 de mayo.
Los magistrados se reunirán mañana a las 12 de la mañana.
Dos de sus miembros naturales, Segundo Menéndez Pérez y Antonio Jesús Fonseca-Herrero Raimundo, han quedado excluidos porque forman parte de la Junta Electoral Central (JEC).
Menéndez, quien, además, preside la JEC, fue el autor del voto particular disidente, que suscribieron el vicepresidente y dos vocales, de sus trece componentes –la votación fue de 9 a 4– cuya argumentación fue refrendada ayer por la fiscal Amelia Díaz-Ambrona Medrano: Los tres fugados pueden presentarse.
La JEC decidió, el pasado 29 de abril, que los tres políticos huidos no pueden ser electores ni elegibles porque no figuran adecuadamente en el censo electoral y que es es público y notorio que no residen en sus municipios porque “desde hace dos años están fuera del territorio nacional para evadirse de la acción de la justicia”.
Dicha decisión fue recurrida por Junts y por los aspirantes a candidatos, lo que recayó en los Juzgados de lo Contencioso 2, 9 y 21 de Madrid, cuyos titulares –Cristóbal Navajas Rojas, Tomás Cobo Olvera y Cristina Pacheco de Yerro– se inhibieron en favor del Tribunal Supremo, que ahora tiene la última palabra.
