Después de la partida de «ping pong» político, la Mesa del Congreso de los Diputados ha hecho hoy lo que le había requerido el Tribunal Supremo desde el principio: pedir un informe a los servicios jurídicos de la Cámara Baja para que propongan una solución a este escenario inédito en la historia del parlamentarismo español en la que cuatro procesados en un juicio que se está celebrando ante el Alto Tribunal se convierten en diputados en unas elecciones generales.
Cuatro procesados que, además, llevan en prisión preventiva más de año y medio.
El Reglamento del Congreso solo contempla el suplicatorio para aquellos diputados que, como tales, hayan, supuestamente, cometido delitos.
Pero no para aquellos ciudadanos que estando en la cárcel, de modo provisional, y en medio de su juicio, sean elegidos para tal fin.
Es sobre esta circunstancia sobre la que tienen que pronunciarse los letrados de la Cámara después de la decisión tomada por los miembros de la Mesa.
En una principio, la nueva presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, trató de pasarle la pelota al tribunal enjuiciador, vía Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, «consultándole» sobre la aplicación del artículo 384.bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Dicho artículo ordena la suspensión del cargo público en caso de procesamiento por delito de rebelión.
Ya fue utilizada por el magistrado instructor del caso, Pablo Llarena, cuando proceso a los enjuiciados cuando eran diputados del parlamento autonómico.
UN CALLEJÓN SIN SALIDA
El tribunal del caso, con su presidente, Manuel Marchena, a la cabeza, considera que ese camino es un callejón sin salida.
Los afectados son diputados por elección popular. Son, por lo tanto, representantes de la soberanía popular. Y es al órgano máximo de esa soberanía popular, la Mesa del Congreso, a quien le corresponde encontrar la solución, no al poder judicial; no hay otra que la vía del Reglamento de la Cámara.
Tanto el PP, Ciudadanos y Vox habían pedido a la Mesa que se aplicara automáticamente el artículo 21.2 del mencionado Reglamento.
Después de las paletadas de ping ping con el Supremo, la Mesa, con el voto en contra de PP y Ciudadanos, optó por el encargo a los letrados.
Ni PP ni Ciudadanos consideraban que fuera necesario.
«El objetivo de la Mesa y de esta Presidencia es preservar el sistema constitucional y garantizar que las decisiones que se tomen respondan estrictamente al Estado de Derecho y con la máxima garantías jurídicas», explicó después Batet en rueda de prensa.
De acuerdo con la también profesora de derecho constitucional, su intención es la de despejar toda sospecha de discrecionalidad y, «ante cualquier duda, por pequeña que sea», considera preferible dejar claro que «toda decisión tiene fundamentos jurídicos sólidos y garantías de que no puede ser calificada como una decisión política».
UNA DECISIÓN RÁPIDA
La decisión se promete rápida. Porque Batet ha convocado una nueva reunión de la Mesa del Congreso para mañana viernes con idea de tomar una decisión definitiva.
Unidas Podemos prefería dar más tiempo y abogaba por reunirse la próxima semana, pero la presidenta lo ha desestimado.
«Como no tenemos ninguna voluntad de retrasar esta decisión, que es sustancial, hemos decidido convocar una Mesa mañana mismo con el informe en la mano para tomar una decisión definitiva», ha indicado.
Según indicaron a Europa Pres fuentes parlamentarias, el informe de los letrados confirmará que tanto la vía de la LECrim como las del Reglamento son «concurrentes» y, por tanto, permiten llevar a cabo la suspensión de los diputados en prisión preventiva.
Por ello, todo apunta a que los cuatro diputados quedarán en suspenso desde el lunes.
