La fiscal Consuelo Madrigal ha asegurado este martes en el juicio por el ‘procés‘ independentista en el Tribunal Supremo que el Gobierno de Carles Puigdemont actuó como una «organización criminal» para sufragar los gastos del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
Asegura que llevaron a cabo una serie de «maniobras para encubrir delitos» y «estrategias negacionistas».
Así lo ha dicho la representante del Ministerio Público en la exposición de las conclusiones definitivas, cuya intervención se ha centrado en la malversación de caudales públicos, de la que acusa a nueve de los 12 acusados por el proceso independentista.
Ha apuntado que todos los exconsejeros, también Carles Mundó, Dolors Bassa y Santi Vila, que no están en prisión provisional, son «responsables últimos y máximos de todas y cada una de los desvíos de fondos públicos», que ha indicado que alcanzan hasta los 3 millones de euros.
Ha destacado que todos ellos, han llevado a cabo un «ejercicio abusivo de funciones públicas» para «decidir, ordenar, impulsar, apoyar acciones y gastos para articular el referéndum».
Avisos del Tribunal Constitucional
Todo ello pese a las «reiteradas» advertencias del Tribunal Constitucional de sus «deberes de paralizar e impedir» todo aquello relacionado con el 1-O.
La fiscal ha continuado señalando que el gobierno de Puigdemont omitieron las resoluciones del tribunal de garantías pues el 6 de septiembre de 2017, tras la aprobación por el Parlamento de Cataluña de la ley del referéndum.
Los consejeros acordaron «por unanimidad» el decreto de convocatoria de la consulta y unas horas después, ya el día 7, suscribieron el acuerdo «conjunto y solidario» para hacer frente a los gastos del referéndum y conseguir que se celebrase «con éxito».
«Estamos ante un desvío de fondos que puede ascender a tres millones de euros, pero a esta suma se le debe añadir a efectos penales de plus de criminalidad el desvío de fondos públicos desplegados para la articulación de la campaña del referéndum«, ha enfatizado.
Durante su alegato, Madrigal ha hecho referencia a los empresarios a los que la «Generalitat» encargó servicios relacionados con el referéndum y que declararon como testigo ante el tribunal que no cobraron estos trabajos, sino que emitieron facturas negativas.
Para la fiscal, este tipo de facturación «no significa una renuncia» al cobro o pago y ha recordado que no fueron capaces de contestar a algunas de las preguntas que se les realizó.
Por ello ha concluido que «el silencio y las respuestas alusivas son elocuentes sobre el temor de vivir y negociar fuera del cálido amparo de los contratos marcos que la administración renueva anualmente».
«Así es como actúan las organizaciones criminales y así es como actúan cuando ocupan las más altas responsabilidades de la comunidad autónoma», ha afirmado Madrigal.
Al mismo tiempo ha destacado que la Generalitat ha utilizado «estrategias negacionistas» para eludir el pago de otros servicios, como la emisión de la publicidad del referéndum a través de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA).
La fiscal ha vuelto a calificar de «organización criminal» al exgobierno catalán cuando ha destacado que sus miembros se han servido de «maniobras de encubrimiento de los delitos» para hacer de la «Administración de todos los catalanes su cortijo».
En esta línea, ha explicado que «los servicios que prestan las administraciones tienen un coste para la Hacienda pública, catalana y española, y es un coste que hemos asumido en ultima instancia todos los contribuyentes», por lo que justifica la acusación por malversación de caudales públicos.
