La acusación popular, ejercida por Vox, durante la presentación de su informe de conclusiones, recordó, de un modo especial, a tres personas fallecidas cuyas intervenciones fueron fundamentales para desactivar el proceso separatista catalán y que se pudiera llevar a juicio a sus responsables.
«Queremos recordar, de forma especial, a tres personas que, lamentablemente han fallecido: Juan Antonio Ramírez Sunyer, magistrado del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, José María Romero de Tejada, fiscal superior de Cataluña, y José Manuel Maza, fiscal general del Estado. Desde aquí, nuestro reconocimiento y gratitud por su ejemplo. Cumplieron con su deber», dijo Javier Ortega-Smith, durante su turno de intervención.
Los registros ordenados por Ramírez Sunyer, el 20 de septiembre de 2017, produjeron dos documentos que son claves en la acusación contra los 12 procesados: Enfocats, la hoja de ruta secreta hacia la secesión, a la que se han referido tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado, y la agenda Moleskine, en la que figuran las reuniones mantenidas por los conjurados.
Fue incautada en el domicilio de Josep Maria Jove, la mano derecha del entonces vicepresidente del gobierno autónomo catalán, Oriol Junqueras, uno de los enjuiciados.
Ortega-Smith también reconoció la «heróica» labor llevada a cabo por la Guardia Civil y la Policía Nacional, y la intervención del Rey el 3 de octubre de 2017.
PETICIÓN DE FUERTES PENAS COMO AVISO PARA FUTUROS NAVEGANTES
«No podrá haber justicia si no se dicta una sentencia con unas penas acordes a la gravedad de los delitos que están siendo enjuiciados. Los mayores delitos que pueden cometerse en un ordenamiento constitucional, y ese es el delito de rebelión», afirmó Ortega-Smith.
A su juicio los encausados llevaron a cabo «el más sofisticado y novedoso proceso golpista contr aun estado de derecho», para, a continuación, enmarcar su actividad en un delito de organización criminal.
«Este delito exige los requisitos de la colaboración de 2 o más personas, con funciones específicas, en un tiempo prolongado, con la existencia de una jerarquía y un reparto de funciones, con la intención de llevar a la práctica delitos graves, donde se busca un beneficio económico o un poder. En este caso se cumplen todas las condiciones», dijo Ortega-Smith.
Antes intervino su compañero Pedro Fernández -diputado por Zaragoza (Ortega-Smith lo es por Madrid)-, que explicó con contundencia la necesidad de que se castique a los 12 procesados por el delito de rebelión.
