Fernando García Puerta, el abogado de la víctima de la presunta violación perpetrada por exjugadores del Arandina, asegura que la familia ha llegado a «sugerir» que él tenía «algún tipo de acuerdo con la defensa».
El abogado de la menor violada presuntamente por exjugadores del Arandina ha renunciado al caso, según ha comunicado en una entrevista en Espejo Público. Fernando García Puerta ha asegurado que «ha habido una pérdida de confianza entre abogado y cliente».
«No le parecían correctos los plazos, a parte de la familia, llegando a sugerir que yo tenía algún tipo de acuerdo con la defensa. En esta situación lo propio es que yo renuncie», ha asegurado.
Además, el letrado García Puerta asegura que a la familia «no les han gustado los plazos» aunque para él «los tiempos han sido más que correctos»: «Llevo 28 años de profesión y nadie me va a decir a ‘bobaduras’ de mi profesionalidad«.
La causa «terminará en el Tribunal Supremo, sea cual sea el resultado»
El letrado ha apuntado que está «prácticamente convencido» de que la causa «terminará en el Tribunal Supremo, sea cual sea el resultado» y ha explicado que la intención de la acusación era adherirse «al escrito de acusación del Ministerio Público para pedir la máxima pena posible».
La Fiscalía de Burgos ha pedido este miércoles un total de 122 años de cárcel para los tres exfutbolistas de La Arandina Club de Fútbol acusados de un delito de agresión sexual a una menor de 16 años en Aranda de Duero, en Burgos, aplicando en este caso el criterio que el Supremo estableció en la sentencia de la ‘Manada’ de los Sanfermines.
En su escrito de acusación, el Ministerio Público considera probado que los tres contactaron con la víctima por ‘Whatsapp’ para convencerla de que tuviera relaciones sexuales con ellos y la obligaron a mantener relaciones con los tres y luego, de nuevo, con uno de los acusados.
A todos les atribuye un delito contra la libertad sexual, uno de agresión sexual como autores y otros dos como cooperadores necesarios de las violaciones y pide condenas que oscilan entre los 39 y los 44 años de prisión.
