El presidente del juicio del «procés«, Manuel Marchena, tendrá que someterse a la reelección como presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo tras agotar su mandato de cinco años que comenzó en 2014.
Como es preceptivo, además de su currículum, tendrá que presentar un programa de actuación para el siguiente lustro que defenderá ante la Comisión Permanente, en funciones de Comisión de Calificación, del Consejo General del Poder Judicial.
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado las bases que regirán la convocatoria y el proceso selectivo para la provisión de dieciséis cargos judiciales, entre ellas las correspondientes a la presidencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
El órgano de gobierno de los jueces también ha aprobado las bases de convocatoria para otras tres plazas del alto tribunal: una de magistrado en la Sala Segunda, correspondiente al turno general; una de magistrado en la Sala Tercera, asimismo del turno general; y una en la Sala Cuarta, del turno de juristas.
Estas tres plazas quedarán vacantes por la jubilación de los magistrados Alberto Jorge Barreiro (Sala Segunda), Juan Carlos Trillo Alonso (Sala Tercera) y Miguel Ángel Luelmo Millán (Sala Cuarta).
Este último ocupaba plaza de especialista, pero el Pleno ha acordado que la convocatoria se haga por el turno de juristas para regularizar la composición de la Sala, actualmente integrada por cinco magistrados del turno general, seis del turno de especialistas y dos del turno de juristas.
El resto de las bases de convocatoria aprobadas corresponden a las presidencias de cinco Tribunales Superiores de Justicia –los de Aragón, Asturias, Extremadura, Canarias y Navarra-.
También de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Galicia; de las Salas de lo Social de los TSJ de Galicia y de Cataluña; y de cuatro Audiencias Provinciales: las de Bizkaia, Pontevedra, Segovia y Tarragona.
Se cumple con lo acordado en la Ley Orgánica del Poder Judicial
Con la aprobación de las bases de convocatoria, el CGPJ cumple con lo dispuesto por la reforma del artículo 326.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial operada por la Ley Orgánica 4/2018.
Esta establece que la provisión de las plazas de magistrados del Tribunal Supremo y de cargos gubernativos –es decir, de las presidencias de órganos judiciales- “se basará en una convocatoria abierta que se publicará en el Boletín Oficial del Estado«.
«Sus bases, aprobadas por el Pleno, establecerán de forma clara y separada cada uno de los méritos que se vayan a tener en consideración, diferenciando las aptitudes de excelencia jurisdiccional de las gubernativas, y los méritos comunes de los específicos para determinado puesto”.
