Juana Rivas ha interpuesto ante la Audiencia Provincial un recurso de apelación para que revoque el auto del Juzgado de Instrucción 3 de Granada que denegó la adopción de medidas cautelares para proteger a sus hijos, que han de volver con su padre a Italia el próximo 14 de agosto tras el periodo vacacional estipulado.
El juzgado en que recayó la denuncia de esta madre de Maracena (Granada) frente a su expareja, el italiano Francesco Arcuri, por supuesto delito de maltrato, lesiones y amenazas de muerte hacia los hijos de ambos, resolvió el pasado viernes no adoptar ninguna medida de protección sobre los menores y remitió el caso a la Justicia italiana.
Según ha expuesto este martes en un comunicado Aránguez Abogados, en el recurso de apelación ante la Audiencia «no se discute» que la competencia de los hechos corresponde a la jurisdicción italiana, si bien solicita que se escuche a los menores, sobre todo al hijo mayor, que tiene ya 13 años.
Asimismo, el letrado Carlos Aránguez pide, en nombre de la madre granadina, que se tenga en cuenta el informe elaborado por la Coordinación de Salud Mental que activó la alerta del Sistema de Información sobre Maltrato Infantil en Andalucía.
Al parecer, según Aránguez, el citado informe, que fue remitido desde el Sistema Publico Sanitario a la Fiscalía de Menores, ha sido ahora enviado desde el Ministerio Público al Juzgado de Instrucción, pero ha llegado después de que se dictara el auto ahora recurrido.
La fecha de inicio de cómputo para recurrir el auto es el próximo dos de septiembre, como próximo día hábil, y desde entonces, habría que haber contado otros cinco días hábiles y uno de gracia.
De este modo, había hasta el próximo diez de septiembre para presentar este recurso, si bien el letrado de Rivas lo ha adelantado al entender que se trata de «medidas urgentes» en torno a la protección de dos menores.
Para la solicitud de adopción de medidas cautelares en protección de los niños por parte de la jurisdicción española, la representación de Rivas, condenada a cinco años de prisión por sustracción de menores tras no entregar en 2017 a sus hijos alegando una supuesta situación de maltrato, remite al Convenio de Estambul sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, del que es parte España, así como a la normativa europea vigente.
Igualmente, «el artículo 17 del estatuto de la víctima da la posibilidad de presentar ante las autoridades españolas denuncias correspondientes a hechos delictivos que hubieran sido cometidos en el territorio de otros países de la Unión Europea», añade.
Con base en todo ello, la representación legal de Rivas pide a la Audiencia «revoque» el auto y «acuerde las medidas cautelares solicitadas en la denuncia presentada, antes del 14 de agosto de 2019, fecha en la que está prevista el retorno de los menores a Italia», incluyendo «solicitud de alejamiento e incomunicación de Francesco Arcuri con sus hijos» a fin de «apartar a los menores del peligro que supone la relación con su progenitor», en el ámbito penal, y la «suspensión cautelar de la patria potestad, custodia y régimen de visitas» del mismo, en el civil.
CARTA ABIERTA
En una carta abierta, la madre de Maracena solicitó, el pasado viernes, a los poderes públicos, «ayuda urgente» para sus hijos de 13 y cinco años y no «esperar» a que «ocurra una desgracia irreparable» si vuelven a Italia. «Yo los quiero a salvo, háganse cargo de ellos», especifica.
Por su parte, y en reacción a la remisión de la denuncia de la progenitora a la Justicia italiana por el Juzgado de Granada, Francesco Arcuri anunció, el pasado sábado, que instará «cuantas acciones legales correspondan contra quien corresponda» cuando el Supremo resuelva acerca de la sentencia que condena a Rivas a cinco años de prisión en España, sin descartar «medidas inmediatas ante el sinsentido de los últimos días», en el cual «los únicos gravemente perjudicados son los dos niños».
