Un total de 12.118 mujeres extranjeras, víctimas de violencia de género, han obtenido un permiso de residencia en España por este motivo desde que se aprobó la Ley Integral contra la Violencia de Género, según datos oficiales.
Esta cifra abarca el periodo entre 2005 y 2019.
En este primer semestre se han concedido 572 permisos de residencia y trabajo a víctimas extranjeras de violencia de género.
Un 55,8 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior.
En lo que va de año, 15 mujeres extranjeras han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, lo que supone el 37,5 por ciento del total de víctimas mortales (40).
Asimismo, un menor extranjero ha sido víctima mortal en un caso de violencia de género contra su madre.
En 2018, de las 58 mujeres asesinadas, 17 eran extranjeras, es decir, el 35,4 por ciento del total de víctimas.
Estas víctimas pueden solicitar dos tipos de autorizaciones.
Por un lado, aquellas que residan en España con un permiso de reagrupación familiar dependiente del de su marido o pareja podrán solicitar un permiso de residencia y trabajo independiente.
En cualquier caso, las víctimas que se encuentren en España en situación irregular también pueden solicitar un permiso de residencia temporal y trabajo por circunstancias excepcionales.
El pasado mayo, la Secretaría de Estado de Seguridad, dependiente del Ministerio del Interior, dictó una instrucción para que en todos los atestados policiales por violencia de género se especifique si las víctimas extranjeras de malos tratos están en situación irregular en España con el objetivo de evitar que se les incoe un expediente administrativo sancionador que puede acordar su expulsión del territorio.
«En todos los atestados policiales que se instruya por violencia de género en los que se ponga de manifiesto que la víctima es una mujer extranjera en situación irregular, debe quedar perfectamente reflejado en el mismo, mediante la oportuna diligencia, la situación administrativa de la víctima», señalaba la instrucción.
Según se argumentaba en la instrucción, «esta circunstancia, en el caso de las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género en situación irregular, daría lugar a la desprotección de la víctima que, de este modo, quedaría en situación de gran vulnerabilidad e imposibilitada para el ejercicio de sus derechos , así como de las restantes medidas de protección y seguridad establecidas en la seguridad vigente».
En estos 14 años, desde que se aprobó la Ley Integral contra la Violencia de Género en 2004, la concesión de estas autorizaciones ha sido irregular, de forma que en el año 2005 se otorgaron dos autorizaciones frente a los 137 permisos del año siguiente o los 1.874 del ejercicio 2012, año récord.
En 2016 se concedieron 911 autorizaciones, que en 2017 descendieron hasta los 675 y volvieron a aumentar en 2018 hasta los 823. En el primer semestre de 2019 se han concedido 572 permisos de residencia y trabajo a víctimas extranjeras de violencia de género. EP.
