El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha incluido cuatro puntos específicos, referidos a la justicia, en el documento «Propuesta abierta para un programa común progresista», compuesto de 370 medidas y que aparecen bajo el epígrafe «Justicia independiente», que ha sido presentada hoy.
La primera de ellas, un Pacto de Estado para la Modernización de la Administración de Justicia, ha venido siendo reclamada por la práctica totalidad de los agentes sociales en los últimos años. Supondría retomar la senda de la malograda Subcomisión del Congreso para el estudio y la definición de una Estrategia Nacional de Justicia, que quedó varada en las arenas de la Cámara Baja en marzo de 2018, después de que dejaran de apoyarla Podemos, Ciudadanos y PSOE.
La segunda propuesta es la reforma del sistema de acceso a la carrera judicial y fiscal, que hoy por hoy tiene una base memorística.
«Nos inspiraremos en los mejores elementos de los sistemas europeos de carrera judicial y fiscal previendo mecanismos que garanticen la igualdad de oportunidades, con independencia de la situación socioeconómica de los aspirantes», se puede leer en el texto.
EL 324 DE LA LECRIM, FUERA
El PSOE también promete derogar la reforma del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, «eliminando el plazo máximo de instrucción por ser una limitación para la lucha contra la corrupción política».
Dicha derogación también ha sido una reivindicación constante y continua de las tres asociaciones de fiscales, la Asociación de Fiscales, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional Independente de Fiscales, porque pone plazo a las causas penales.
Hace 14 meses, recién elegido presidente del Gobierno, tras la exitosa moción de censura contra su predecesor, Mariano Rajoy, Sánchez ya prometió dicha medida.
Por último, el PSOE también propone la derogación de la reforma que, en 2014, realizó el gobierno del Partido Popular, modificando la Ley Orgánica del Poder Judicial, relativa a la Justicia Universal, y volver a las previsiones previstas en otra reforma anterior, la de 2009.
Esta segunda reforma tuvo su origen en las protestas del Gobierno chino por las investigaciones sobre el supuesto genocidio en el Tíbet que estaba llevando a cabo la Audiencia Nacional.
Limitó el campo de acción de dicho órgano judicial estableciendo que sólo sería competente si el procedimiento se dirije contra un español o contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España, o contra un extranjero que se encontrara en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas.
El Tribunal Supremo calificó esta última reforma, en un auto de marzo de 2016, de “restricción sustancial y extrema” de los derechos de los españoles víctimas de genocidios en el extranjero provocada por la reforma del principio de justicia universal realizada en 2014 por el PP.
La reforma anterior, la de 2009, se llevó a cabo bajo el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, introdujo como condición que los jueces españoles podían perseguir delitos de especial gravedad (genocidio, lesa humanidad y crímenes en tiempo de guerra) sólo si el autor de dichos hecho estaba en territorio español, si la víctima era española o si existía un «vínculo de conexión» con España.
La modificación se aprobó después de que la entonces ministra de Asuntos Exteriores de Israel confesase públicamente la promesa de su homónimo español, Miguel Ángel Moratinos, con el fin de que se archivara el caso contra soldados israelíes por su supuesta responsabilidad en el bombardeo del barrio Al-Daraj de Gaza.
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